El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) ha registrado 178 violaciones a la libertad de expresión, entre enero y el 18 de marzo de 2019, que constituye 67% de los casos registrados durante todo el 2018 en el país suramericano.
Más que la cantidad, lo que preocupa a especialistas como Mariengracia Chirinos, directora de Libertades Informativas del IPYS, es la gravedad de los casos.
El pasado viernes, la imagen del rostro desfigurado y ensangrentado del periodista polaco Tomasz Surdel, quien llevaba varios meses trabajando en Caracas, dio la vuelta al mundo. Presuntos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo detuvieron la noche anterior en un barrio al sureste de Caracas.
De acuerdo con su relato, le cubrieron el rostro y lo golpearon en la cara y las costillas. Cuando le quitaron la capucha, le apuntaron con un arma y tiraron del gatillo, pero no estaba cargada. Los supuestos funcionarios se habrían dado la vuelta entre risas y retirado del lugar.
"No hay una razón explícita por la cual lo hayan agredido de esa manera y amenazado con armas de fuego (…), da cuenta de la hostilidad que existe en Venezuela para ejercer el periodismo", dijo Chirinos a la Agencia Anadolu, tras referirse al que considera es uno de los tres casos de mayor gravedad que se han registrado en los 78 días que han transcurrido del 2019.
Los otros dos a los que hace referencia son la detención por 25 horas del periodista y ciberactivista venezolano Luis Carlos Díaz, quien ahora enfrenta un procedimiento judicial con medida de censura, por presuntamente estar involucrado en el "sabotaje" al sistema eléctrico nacional; y la detención y posterior deportación del equipo de Univisión que le hizo una entrevista crítica a Nicolás Maduro.
De al menos 39 periodistas detenidos "arbitrariamente" que IPYS ha documentado desde que empezó el año, 21 han sido extranjeros, como Jorge Ramos, líder del equipo de Univisión. La cifra ya supera las 20 detenciones a enviados especiales registradas por los investigadores entre 2016 y 2017, cuando hubo una mayor arremetida contra la prensa en general, en el marco de una fuerte oleada de protestas antigubernamentales.
La condición para liberarlos, de acuerdo con Chirinos, ha sido la deportación. "No ha ocurrido con todos, como es el caso (de los periodistas Gonzalo Domínguez Loeda, Maurén Barriga Vargas y Leonardo Muñoz) de EFE, pero sí con otros como el chileno (Rodrigo Pérez)”, acota.
El caso más reciente fue el del periodista alemán Billy Six, quien tras pasar cuatro meses detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, tras fotografiar muy de cerca a Maduro, fue enviado a casa la mañana del pasado domingo 17 de marzo.
Six denunció haber sido víctima de tratos crueles y fue excarcelado el 15 de marzo, mientras realizaba una segunda huelga de hambre, en medio de la polémica visita a Venezuela de la delegación de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Michelle Bachelet.
Asedio discrecional
Encontrar patrones en las agresiones es difícil, tanto para el equipo de IPYS como para la Comisión de Medios de la opositora Asamblea Nacional, presidida por la diputada María Beatriz Martínez.
"No hay una razón única por la cual se les detenga o deporte", dice Chirinos, quien sin embargo señala que los afectados han dado cobertura a asuntos que afectan al gobierno de Maduro, desde manifestaciones en las calles hasta gente comiendo de la basura.
De acuerdo con ella y con la diputada Martínez, de los cuerpos de seguridad del Estado, el Sebin ha sido el que más ha actuado en contra de los periodistas, aunque también lo han hecho funcionarios militares.
"Existe como una articulación de cuerpos del Estado que habla de acciones militares y policiales que buscan cercar el trabajo periodístico", acota Chirinos, quien asegura que buscan enviar un "mensaje ejemplarizante" a los demás periodistas.
Para Martínez, este es el primero de tres grandes objetivos que tendría el gobierno de Maduro con estas agresiones: "Generar el miedo de los periodistas, sean nacionales, que lo han pasado muy mal siempre, pero que nunca habían vivido esto; pero sobre todo del periodismo extranjero, para que se limiten a venir".
Los otros dos objetivos, a juicio de la parlamentaria, serían impedir que los ciudadanos venezolanos estén informados y evitar que lo que sucede en el país trascienda las fronteras.
Las detenciones son tan solo uno de los tipos de violaciones a la libertad de expresión que se han registrado en los últimos meses en el país. Según Martínez, en las 180 agresiones que se contabilizan en el trimestre, también hay cierres de medios, presión, persecución y robos, entre otros.
Al referirse puntualmente a las medidas de censura desde que empezó el año, IPYS ha documentado 22 espacios informativos, periodistas o emisoras radiales afectadas. Esto se sumaría al "recurrente y más generalizado" –según Chirinos– bloqueo de portales informativos y redes sociales.
Guerra mediática
El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, ha sido el único en ofrecer una explicación oficial a las detenciones, interrogatorios y deportaciones de periodistas extranjeros.
"Es inaudito e irresponsable que medios de comunicación envíen periodistas sin cumplir con los requisitos mínimos previos que exige la ley de Venezuela, para luego armar un escándalo mediático al que se suman sus gobiernos. Otra faceta de la operación mediática contra el país", publicó Arreaza en su cuenta de Twitter el pasado 31 de enero.
El ministro se refería a una acreditación que exige el Ministerio de Comunicación e Información local a los profesionales de la prensa extranjera que viajen a Venezuela para realizar "un trabajo periodístico especial de corta duración".
Los ocho documentos requeridos, entre ellos un itinerario de actividades previstas a realizar cada día en el país, deben ser consignados en el consulado correspondiente al menos 30 días hábiles antes de la fecha de llegada al país.
Distintas organizaciones locales han abogado por un ejercicio libre de la prensa. Sin embargo, desde la Comisión de Medios de la AN, Martínez acota que el único requisito legal debería ser acreditarse ante el Colegio Nacional de Periodistas (CNP).
"Normativamente, esa visa (a la que se refieren los voceros oficiales) no existe. La única ley que existe es la que establece que deben inscribirse ante el CNP", aseguró la parlamentaria opositora a la Agencia Anadolu.
El expresidente Hugo Chávez denunció en vida una guerra mediática en contra de su gobierno, algo que su sucesor, Nicolás Maduro, también ha hecho en reiteradas ocasiones.
