La Misión de Observación Electoral (MOE) le solicitó al Congreso de la República que no apruebe el proyecto que reforma el Código General Disciplinario, liderado por la Procuraduría General de la Nación para que se le atribuyan facultades jurisdiccionales y se le permita ampliar su planta de personal con cientos de nuevos cargos.
El proyecto 423 de 2021 presentado por la PGN y el Ministerio Interior, se da como respuesta al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que señaló que, de acuerdo al artículo 23 de Convención Americana, solo “con condena, por juez competente, en proceso penal”, se pueden imponer sanciones de inhabilitación o destitución a funcionarios electos popularmente.
MOE señaló que, en el artículo 1 del proyecto de reforma, se insiste en contravía de lo que señala la Corte IDH, en concentrar en la Procuraduría facultades de investigación y sanción de destitución, suspensión e inhabilidad contra todos los funcionarios públicos, sean estos elegidos o no popularmente.
Lo anterior, preocupa sobre manera a la MOE, pues "el proyecto de ley busca convertir a los procuradores en jueces, quienes tendrían el poder de abrir investigaciones, y de ser el caso, sancionar e inhabilitar a funcionarios".
"Este diseño no responde a lo solicitado por la Corte IDH, toda vez que pese a que el proyecto otorga facultades jurisdiccionales, estas se mantienen en una institución de carácter administrativo, y no son trasladadas a un juez penal", afirmó Alejandra Barrios, directora de la MOE.
La misión explicó que a esto se suma que tales facultades se mantienen en un órgano cuyo titular tiene un origen político, debido a que es elegido por el mismo Congreso de la República, "lo que no brinda las garantías de independencia e imparcialidad necesarias".
Así mismo, la propuesta de reforma da facultades a la Procuraduría para que de manera discrecional y sin previa valoración y conocimiento de un juez, autorice “la interceptación de comunicaciones, inspecciones corporales, registros y allanamientos, vigilancia y seguimiento de personas, vigilancia de cosas, entregas vigiladas, retención de correspondencia y recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones”. Por ello, a la MOE le preocupan las afectaciones que se generan al principio democrático y a los derechos políticos de los ciudadanos.
"Se percibe con preocupación cómo algunas entidades del Estado, haciendo uso de la iniciativa legislativa, presentan al Congreso de la República proyectos de reforma legal que en el marco de la modificación y ampliación de sus funciones, aumentan sin mayor justificación, su planta de personal. Generando con ello un incremento en la burocracia de la entidad, sin presentar estudios sobre el impacto fiscal y sin brindar información sobre el número de cargos a contratar. Esto en medio de la mayor crisis económica en la historia republicana de Colombia".
Por último, para la MOE, este proyecto de ley afecta el núcleo esencial del derecho a la participación política. Razón por la cual, su trámite no corresponde al de una ley ordinaria, sino al de una ley estatutaria. "Esto sumado al mensaje de urgencia presidencial, reduce la deliberación amplia y suficiente en un tema crucial para la democracia colombiana", concluyó la Misión de Observación Electoral.
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El articulado del proyecto está planteado bajo tres puntos principales; facultades jurisdiccionales, división en las fases investigativas y doble instancia. Para cumplir con los tres puntos mencionados la Procuraduría propone en el artículo 53 que se revista al presidente de "precisas facultades extraordinarias, por el término de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, para ampliar la planta de personal, definir los términos y formas de elección de las salas disciplinarias que se deben conformar privilegiando el mérito y la paridad de género".
De igual forma solicita que se la atribuyan facultades para realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversión con el fin de garantizar la implementación y aplicación del procedimiento que se crea en el proyecto de reforma.
Esta reforma al Código General Disciplinario propone duplicar los funcionarios de las Procuradurías Regionales en el país. Lo anterior, porque como se busca dividir las facultades jurisdiccionales para garantizar la doble instancia y la doble conformidad, se tendría que contar con dos procuradores por proceso: uno para instruir y otro para juzgar.
En ese sentido, la Procuraduría tendría que contratar más personal -los funcionarios judiciales tendrían sueldos de entre 10 y 30 millones de pesos- y posiblemente ampliar sus instalaciones para recibir a sus nuevos trabajadores. Lo que traduce a aumentar el costo de la entidad para el Estado.
El ente de control cuenta con cerca de 4.137 empleados de planta y un presupuesto de gastos de funcionamiento de $724.000 millones anuales. Cada empleado de planta le cuesta al Estado $175 millones al año. Es decir, al ampliar en 500 los empleados de planta, habría un aumento de $87.000 millones por año.
