La comisión Sexta de la Cámara de Representantes prepara un debate de control político a la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Karen Abudinen, por el escándalo que compromete $70 mil millones de pesos correspondientes a un anticipo por un contrato adjudicado por el Ministerio al consorcio Unión Temporal de Centros Poblados.
El representante León Fredy Muñoz, del partido Alianza Verde, anunció que citará a la ministra a a dicho debate, además que solicitará la presencia de los entes de control del Estado para que verifiquen el aparente detrimento patrimonial en este polémico caso.
"Esto es un robo, no es otra cosa, solicitamos inmediatamente la renuncia de la ministra. Aquí hay cosas muy graves, la unión temporal de Centros Poblados tiene cuatro empresas y todas tienen investigaciones. Hay una de Barranquilla que tiene investigaciones, hay otra en la que presuntamente está Emilio Tapia involucrado. Tenemos la investigación lista y vamos al debate", afirmó Muñoz.
Dentro de la argumentación que presentó el representante, indicó que este consorcio que ganó la licitación para la construcción de centros digitales por valor de $1,1 billones de pesos, se encuentra conformada por 4 empresas: Novotic, Intec de la Costa, Omega Buildings e ICM Ingenieros; las primeras tres, son empresas con domicilio en Barranquilla.
Novotic, la única que demostró experiencia en el sector, lo hizo mostrando contratos con la gobernación de La Guajira y la gobernación del Magdalena para llevar conectividad e internet a colegios de estos departamentos, los cuales han sido señalados por la Contraloría por presentarse múltiples irregularidades que llevaron a que las gobernaciones pagaran un 80% de más frente al valor inicial de los contratos, calculado en más de $22 mil millones de pesos.
Intec de la Costa ha sido señalada por entregar de manera ilegal una licitación en Bolívar a una persona natural, por lo cual recibieron $954 millones de pesos. Por su parte, ICM Ingenieros es una empresa que estuvo involucrada en el carrusel de la contratación en Bogotá, siendo acusado el exgobernador Álvaro Cruz de Cundinamarca, mientras fue socio de la empresa, pagar $900 millones para ganar una licitación en la capital del país.
Es importante señalar que los 70 mil millones de pesos que estaban destinados para que más de siete mil colegios de las zonas rurales más alejadas del país tuvieran acceso a Internet siguen "desaparecidos". Tras algunas investigaciones, se conoció que ese dinero nunca se utilizó para lo que se había pactado y ahora tanto el MinTIC como la jefe de cartera, Karen Abudinen, están en el ojo del huracán por la desaparición de este dinero y por confiar en un contratista con antecedentes.
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Para abril del 2021 solo contaba con un avance registrado del 1,2% y aunque también recibió el 10 de febrero un anticipo por $70.243 millones de pesos que equivalen al 7% del valor del contrato no ha instalado ni un solo punto de los que deben responder en el contrato.
Además, al parecer, Centros Poblados presentó garantías falsas para llevar a cabo la labor de conectar cerca de 750 escuelas rurales antes del 30 de abril. El Banco Itaú se declaró como víctima dentro del proceso que es objeto de investigación de las autoridades, aseguró que los documentos presentados como garantías esta empresas al MinTic, son falsos. La ministra, al conocer el caso, caducó el contrato y solicitó a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría investigar cada detalle de lo ocurrido.
De igual forma vale la pena mencionar que hay 58 mil millones en una cuenta del Citibank de una compañía en Delaware, un pequeño Estado en Estados Unidos que es famoso por tener más empresas registradas que ciudadanos. Mientras que los otros 11 mil millones fueron girados a la empresa Inselsa, cuya función fue trasladar equipos y mano de obra a las zonas rurales donde se iban a "instalar puntos digitales en las sedes educativas" de la región norte de Colombia.
