El Congreso de la República aprobó la iniciativa legislativa para madres cabeza de familia puedan pagar condenas con trabajo comunitario. El proyecto que pasó a sanción presidencial busca aportar a la problemática de hacinamiento carcelario que vive el país y, además, que los hijos de las condenadas no queden a la deriva de problemáticas sociales como la delincuencia, las drogas y el alcoholismo.
Según cifras del INPEC, en 33 años la población femenina en las cárceles del país creció más del 400%, al pasar de 1.500 reclusas en 1991 a 6.954 en la actualidad. Ante la alerta sobre el vertiginoso aumento de las mujeres en el sistema penal colombiano, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Universidad Javeriana y el Centro de investigación y Docencia Económicas de México, adelantaron un estudio que concluyó que del total de las mujeres condenadas en el país, el 75% de ellas eran madres de cabeza y el 53,4% habían sido condenadas por delitos menores en los que habían incurrido por sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Ante ese crudo panorama el senador Rodrigo Lara presentó una iniciativa legislativa que plantea penas alternativas que consisten en cumplir su condena mediante la prestación de servicios de utilidad pública que estas mujeres prestarán, extramuros. Se trata de un enfoque de la pena restaurativo que permitirá cumplir el fin resocializador de la pena.
Los requisitos para acceder a dicho beneficio son:
- Ser mujer madre cabeza de familia.
- No tener antecedentes penales dentro de los cinco años anteriores al delito.
- Ser condenadas a penas menores o iguales a los 8 años.
- No haber cometido delitos violentos o que pongan en riesgo la seguridad ciudadana ni la seguridad de su hijo.
- Debe demostrar que las condiciones de comisión del delito estén asociadas a condiciones de marginalidad que afecten la manutención del hogar.
"Esta es una excelente noticia para las mujeres madres cabeza de familia condenadas por penas relacionadas con el procesamiento y tráfico estupefacientes, o que han sido detenidas por la comisión de delitos no violentos y que no ponen en riesgo la seguridad ciudadana. En particular, corrige un problema estructural de nuestro sistema de justicia que castiga con severidad a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico como son las mujeres que han tenido que convertirse en “mulas” y a las cultivadoras de hoja de coca", expresó Lara.
Agregó que :"Cuando se separa la mamá de sus hijos estamos ante dos condenas: la condena de la mujer y la condena, al mismo tiempo, de sus hijos, pues ellos quedan a la deriva, con condiciones precarias, que los lleven a fenómenos como la deserción escolar, las adicciones y la posibilidad de caer en comportamientos delincuenciales".
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"Con esta ley se establece que las mujeres condenadas por delitos cuya pena sea igual o inferior a 8 años de prisión, en las cuales se demuestre que la condición del delito esté asociado a condiciones de vulnerabilidad, se les aplicará una medida sustitutiva de servicio de utilidad pública. Esa medida implica la prestación de un servicio no remunerado", explicó la representante del Partido Conservador, Adriana Matiz.
Por su parte, la representante Juanita Goebertus destacó que "este impacto intergeneracional demanda que garanticemos que sea posible sustituir la pena de las madres cabeza de familia, por una especie de trabajo social/comunitario, que les permita al mismo tiempo cuidar a sus hijos y evitar que ese ciclo de violencia se repita por generaciones".
