Sorpresa causó la intervención que hizo este lunes la Superintendencia de Sociedades al patrimonio del exfiscal general, Mario Iguarán Aldana, por ser de origen dudoso. La Superintendencia determinó que la firma de abogados de la que Iguarán fue representante legal, Insignia Jurídica, se financió con la captación masiva de dinero.
"No tengo nada que ver con la captación, porque Insignia tenía un objeto social totalmente distinto y no se dedicaba a recaudar dinero del público”, explicó en su defensa Iguarán.
Sin embargo, no es la primera vez que un exfiscal general se ve envuelto en un problema judicial.
Lea también, ¿Se salió de control el Fiscal General?
Uno de los más cuestionados ha sido Luis Camilo Osorio, quien dirigió la Fiscalía entre el 2001 y 2005, por favorecer a los paramilitares. Según la investigación que reposa eternamente en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Osorio defendió la designación de la directora de la Fiscalía en Cúcuta, Ana María Flórez, quien ayudó y colaboró con los paramilitares de Norte de Santander.
También lea, Cuando el Procurador suelta la lengua.
En total hay 24 procesos en la Comisión de Acusación contra Osorio por presuntos vínculos con los paramilitares. En su defensa, el exjefe del ente acusador se ha declarado víctima del cartel de los falsos testigos. “Es una circunstancia muy particular, son testigos falsos de toda falsedad" , dice.
Otro exfiscal que alcanzó a tener un momento de angustia fue uno de los que gozó de mejor reputación por su lucha contra la corrupción. Se trata de Gustavo de Greiff, quien fue el primero en dirigir la Fiscalía desde su creación con la Constitución de 1991, y quien iba ser procesado no por la justicia colombiana, sino por la norteamericana.
La justicia de Estados Unidos contempló la posibilidad de llevar a de Greiff a juicio por obstrucción de la justicia, luego que el entonces fiscal general enviara una carta al juez que llevaba el proceso en ese país contra Dan Denys Muñoz Mosquera, alias 'La Quica', por ser el determinador de la explosión del avión de Avianca, ocurrido en diciembre de 1989 y en el que murieron 110 personas, dos de los cuales eran ciudadanos estadounidenses, en la que decía que no había pruebas para inculparlo de ese acto terrorista.
Gustavo de Greiff señaló en la misiva que el integrante del cartel de Medellín, Carlos Mario Alzate Urquijo, alias 'El Arete' se declaró culpable ante las autoridades colombianas de la bomba que explotó el avión y no mencionó a alias 'La Quica', quien finalmente fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua. Sin embargo, las autoridades de ese país criticaron el hecho de que cuando de Greiff fue fiscal, se consolidó la acusación contra Muñoz Mosquera.
La exfiscal general Viviane Morales
De otra parte, la dirección de la Fiscalía que desempeñó la actual senadora liberal, Viviane Morales, tampoco estuvo exenta de escándalo, no por sus actuaciones como fiscal general, sino por la anulación de su elección a cargo de un tribunal judicial.
La decisión la tomó la sala plena del Consejo de Estado a finales de febrero del 2012, al considerar que la Corte Suprema de Justicia violó su reglamento al elegir a Morales no con una mayoría calificada de dos terceras partes sino simple.
El entonces presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, explicó que "el reglamento impone que las votaciones para elegir fiscal deben ser las 2/3 partes de la Sala y en este caso ella fue elegida por solo 14 votos”.
Agregó que 15 de los 27 integrantes del alto tribunal votaron a favor de la anulación el acto administrativo por el cual Morales fue elegida. Según el jurista, la elección de la Fiscal “se quedó sin sustento jurídico”.
Hay que recordar que el momento en que fue elegida Viviane Morales como fiscal general, había vacantes de magistrados en la Corte Suprema, lo que hacía casi imposible que ella obtuviera 16 votos de los 23 magistrados que componen ordinariamente ese alto tribunal. Morales en declaraciones a los medios de comunicación ha sostenido que hubo un complot político para sacarla de su cargo.
Por su parte, un diario de circulación nacional publicó un artículo en marzo del año pasado en el que señala que el exfiscal general interino, Guillermo Mendoza Diago, quien ocupó dicho cargo cuando se le venció el período a Mario Iguarán, habría incurrido en un conflicto de intereses por haber defendido a la firma Fidupetrol en un litigio después de salir de la Fiscalía. Mendoza decidió defender a la misma empresa envuelta en el escándalo del magistrado Ignacio Pretelt, luego que fuera condenada fiscalmente por manejos irregulares en Casanare.
Según expuso El Tiempo, Mendoza Diago, cuando ejerció como vicefiscal general conoció de procesos contra Fidupetrol, por lo que no debió haber defendido en un juicio público a esa empresa ya como abogado litigante.
El fiscal general Eduardo Montealegre
Entretanto, cuando está a punto de culminar su período, el actual fiscal general, Eduardo Montealegre, no ha escapado a los escándalos.
Hace pocos meses estaba en el ojo del huracán por las denuncias de millonarias contrataciones hechas en la Fiscalía, supuestamente para devolver favores a los magistrados del Consejo de Estado quienes fallaron a favor de extenderle el período, tal como lo denunció el Centro Democrático. De hecho, se le acusó de nombrar como asesores a varios consejeros de Estado, una vez se les cumplió el período.
De igual manera, causó una tormenta el contrato millonario que le otorgó a una empresa creada por la politóloga Natalia Springer, de quien después se supo que ni siquiera ese era su verdadero apellido.
La exfiscal general Viviane Morales
De otra parte, la dirección de la Fiscalía que desempeñó la actual senadora liberal, Viviane Morales, tampoco estuvo exenta de escándalo, no por sus actuaciones como fiscal general, sino por la anulación de su elección a cargo de un tribunal judicial.
La decisión la tomó la sala plena del Consejo de Estado a finales de febrero del 2012, al considerar que la Corte Suprema de Justicia violó su reglamento al elegir a Morales no con una mayoría calificada de dos terceras partes sino simple.
El entonces presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, explicó que "el reglamento impone que las votaciones para elegir fiscal deben ser las 2/3 partes de la Sala y en este caso ella fue elegida por solo 14 votos”.
Agregó que 15 de los 27 integrantes del alto tribunal votaron a favor de la anulación el acto administrativo por el cual Morales fue elegida. Según el jurista, la elección de la Fiscal “se quedó sin sustento jurídico”.
Hay que recordar que el momento en que fue elegida Viviane Morales como fiscal general, había vacantes de magistrados en la Corte Suprema, lo que hacía casi imposible que ella obtuviera 16 votos de los 23 magistrados que componen ordinariamente ese alto tribunal. Morales en declaraciones a los medios de comunicación ha sostenido que hubo un complot político para sacarla de su cargo.
Por su parte, un diario de circulación nacional publicó un artículo en marzo del año pasado en el que señala que el exfiscal general interino, Guillermo Mendoza Diago, quien ocupó dicho cargo cuando se le venció el período a Mario Iguarán, habría incurrido en un conflicto de intereses por haber defendido a la firma Fidupetrol en un litigio después de salir de la Fiscalía. Mendoza decidió defender a la misma empresa envuelta en el escándalo del magistrado Ignacio Pretelt, luego que fuera condenada fiscalmente por manejos irregulares en Casanare.
Según expuso El Tiempo, Mendoza Diago, cuando ejerció como vicefiscal general conoció de procesos contra Fidupetrol, por lo que no debió haber defendido en un juicio público a esa empresa ya como abogado litigante.
El fiscal general Eduardo Montealegre
Entretanto, cuando está a punto de culminar su período, el actual fiscal general, Eduardo Montealegre, no ha escapado a los escándalos.
Hace pocos meses estaba en el ojo del huracán por las denuncias de millonarias contrataciones hechas en la Fiscalía, supuestamente para devolver favores a los magistrados del Consejo de Estado quienes fallaron a favor de extenderle el período, tal como lo denunció el Centro Democrático. De hecho, se le acusó de nombrar como asesores a varios consejeros de Estado, una vez se les cumplió el período.
De igual manera, causó una tormenta el contrato millonario que le otorgó a una empresa creada por la politóloga Natalia Springer, de quien después se supo que ni siquiera ese era su verdadero apellido.
