Aunque el más reciente escándalo del gobierno de Gustavo Petro, consistente en la presunta financiación de su campaña presidencial con recursos irregulares por parte de Nicolás Petro, es sin duda la más grande de las polémicas que enfrenta hoy por hoy el mandatario. El escándalo por chuzadas, que cobró la cabeza de su jefa de gabinete Laura Sarabia, no se queda atrás y es otro de los grandes lunares de la actual administración.
A un año de la llegada de Petro a la Casa de Nariño, este es uno de los episodios más traumáticos de la actual administración, envuelto aún en una tela de dudas tras el oscuro suicidio del Coronel Oscar Dávila, jefe de avanzadas de Presidencia y en quien han caído todos los señalamientos por las interceptaciones ilegales contra algunas ex trabajadoras de Laura Sarabia.
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Para hablar de este caso es necesario remontarse a enero de 2023 cuando de la vivienda de Laura Sarabia se extraviaron unos dineros cuya cantidad, a pesar de los meses, sigue indeterminada. Mientras la funcionaria declaró ante la Fiscalía que se trató de 7 mil dólares producto de los viáticos de presidencia, otras versiones apuntaron que pudieron haber sido 3 mil millones de pesos que pertenecerían al jefe de Estado, Gustavo Petro.
Aunque la pérdida de dichos recursos se presentó a inicio de año, no fue hasta mayo de 2023 cuando Colombia entera conoció de primera mano uno de los casos de exceso de funciones, con chuzadas y prueba de polígrafo incluidas, más escandalosos de los últimos años, cuando Marelbys Meza, empleada de Laura Sarabia y principal sospechosa de la pérdida del dinero, rompió el silencio y reveló los tratos a los que fue sometida por parte de la jefa de gabinete y del alto gobierno en búsqueda de los recursos extraviados.
Fue el 30 de enero, un día después de la perdida del dinero, que Meza fue citada en instalaciones cercanas a la Casa de Nariño para ser sometida a una prueba de polígrafo que buscaba comprobar su inocencia o culpabilidad. La prueba, que contó con un consentimiento “forzado” por parte de Marelbys Meza, se adelantó de manera irregular, con presuntas presiones psicológicas sobre la mujer y sin seguir los protocolos requeridos. De su paso por las instalaciones del edificio Galán, donde se adelantó la prueba, ni siquiera quedó registró.
La prueba de polígrafo, sin embargo, solo fue la punta del iceberg y en los meses siguientes, según reseñó la misma empleada, fue víctima de seguimientos irregulares, persecución y una latente presión que la llevó finalmente a hablar ante la Fiscalía y los medios de comunicación en mayo del presente año.
Justamente serían las indagaciones de la Fiscalía General de la Nación las que, sumando mayor controversia a las debilitadas relaciones entre el ejecutivo y el ente investigador, develaron un escándalo de chuzadas sin precedentes, en el que tanto Marelbys Meza como otra empleada de Laura Sarabia fueron vinculadas o 'plantadas' en operaciones de interceptación telefónica contra el Clan del Golfo (sin fundamento alguno) para conocer su presunta participación en el hurto.
“Volvieron a dos personas: una, niñera del Palacio de Nariño, y otra, la persona por días, las volvieron alias 'La Cocinera' y alias 'La Madrina', miembros del Clan del Golfo, para escucharlas, a través de un informe de policía judicial”, explicó frente al caso el Fiscal General Francisco Barbosa, calificando el escenario como el retorno de las chuzadas ilegales en Colombia.
Tales revelaciones llevaron a que, tras la solicitud del presidente Gustavo Petro, tanto Laura Sarabia como Armando Benedetti, entonces embajador de Colombia en Venezuela y quien ya había insinuado chuzadas en el gobierno, tuvieran que apartarse de sus cargos el 3 de junio con todos los ojos puestos sobre ellos. Una lucha interna de poder protagonizada por ambos personajes, vitales durante la campaña presidencial y con importantes secretos del ato gobierno.
El allanamiento por parte de la Fiscalía General a la Casa de Nariño, así como las indagaciones con funcionarios relacionados, fueron algunos de los trámites que se adelantaron para determinar quién dio la orden de adelantar las interceptaciones ilegales desde el Alto Gobierno. No obstante, un hecho acabaría por incrementar el manto de duda y ensombrecer las posibilidades de verdad: El repentino suicidio del coronel Oscar Dávila, uno de los mayores involucrados en el caso.
Fue durante la noche del viernes 9 de junio cuando, a la par de la aparición de los cuatro niños extraviados durante 40 días en la selva, otra noticia acaparó los espacios de los principales medios de comunicación. A las 6:18 de la tarde el Coronel Óscar Dávila, jefe de seguridad anticipativa de la Presidencia de Colombia, había determinado quitarse la vida en plena vía pública.
Tras su fallecimiento, y ante la imposibilidad de defenderse, todas las responsabilidades y señalamientos por el caso de chuzadas han recaído sobre su memoria. Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría tratan de dar luz a este episodio sombrío del primer año del gobierno de Gustavo Petro.
