Pese a la proposición de varios congresistas para aprobar un aumento del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz establecido en el Presupuesto General de la Nación el 2021, la Cámara de Representantes rechazó la adición. Ahora la JEP alerta sobre desfinanciación para la protección de las víctimas, testigos y procesados.
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“Se afectarán programas de protección a las víctimas, testigos y procesados, de participación, atención y representación judicial a víctimas; y procesos para garantizar una justicia más ágil y digital”, señaló el tribunal especial por medio de un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz había solicitado al gobierno nacional una adición en el presupuesto contemplado en el proyecto por 30.014 millones de pesos adicionales “fundamental para la debida atención y protección a las víctimas, testigos e intervinientes, y para su debida operación”, según señaló la JEP.
Los recursos estaban destinados al programa de protección a víctimas, testigos e intervinientes ($19.613); representación y atención a víctimas en los procesos judiciales y en el de acreditación ($4.100) y para tecnologías de la información que crearan una justicia digital en la JEP ($6.300).
La JEP había solicitado los recursos desde el momento en el que el gobierno de Iván Duque presentó el anteproyecto con las cuotas presupuestarias, y lo reiteró el 28 de agosto y el 7 de octubre, pero no recibió respuesta.
“Aunque desde un inicio a la JEP no le fueron asignados los recursos solicitados en el anteproyecto de presupuesto con una diferencia de $88.000 millones entre lo solicitado y lo asignado, consciente de las limitaciones fiscales por causa de la pandemia, ajustó sus necesidades y limitó la solicitud de adición a $30.014 millones, sin obtener el aval del Gobierno Nacional, lo cual es indispensable para la aprobación del Congreso”, señaló el tribunal.
“Lo dijimos, lo intentamos y no nos hicieron caso. Negarle a la JEP los recursos necesarios para su misión es un duro golpe al Acuerdo de Paz. Ojalá la comunidad internacional tome cartas en el asunto”, señaló el representante José Daniel López, uno de los que insistió en aumentar el presupuesto.
“Han atacado a la JEP de múltiples maneras. Hoy el presupuesto presentado por el gobierno y aprobado por sus mayorías, asfixió su funcionamiento recortando su presupuesto. Sesión atropellada en la que incluso nos negaron la palabra. Poca democracia queda. Defenderla es obligatorio”, señaló por su parte el senador Roy Barreras, uno de los miembros del proceso de paz de La Habana.
Mientras el tribunal especial y los defensores del Acuerdo de Paz con las Farc rechazaron el presupuesto asignado a la JEP, el Centro Democrático celebró la decisión e insistieron en la derogatoria de ese mecanismo de justicia.
“La Cámara de Representantes deja en firme la reducción del presupuesto para la JEP. Por algo se empieza, aunque lo ideal es que ese antro de impunidad se acabe del todo, son una vena rota del Estado”, señaló el senador Carlos Felipe Mejía.
“Con el presupuesto del 2020 para la JEP se podía financiar el Consejo Nacional Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y quedarían 41.000 millones que podrían beneficiar a 112.000 jóvenes en Acción por un mes. No más recursos para la JEP”, señaló la senadora Milla Romero Soto, quien reemplazó a Álvaro Uribe en su curul.
Romero fue la encargada de presentar un proyecto para derogar el articulado que dio vida al tribunal especial de paz, una iniciativa que propuso el expresidente Álvaro Uribe por medio de un referendo, tan pronto recobró su libertad.
