Hoy se realizó un debate que ha sido calificado como histórico en el Congreso de la República, se discutió el proyecto que establece el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados. A grandes rasgos faculta al Estado a recoger, regular y distribuir tanto la hoja de coca como sus derivados, es decir, la cocaína.
El proyecto de ley 236 de 2020 plantea que el Estado regulará las actividades de cultivo, transformación, producción, fabricación, adquisición a cualquier título, importación, exportación, almacenamiento,
transporte, comercialización, distribución, uso y posesión de la hoja de coca, de sus derivados y de los productos que la contengan, en los términos y condiciones que al respecto fije la ley.
Los autores de la iniciativa son los senadores Iván Marulanda y Feliciano Valencia, y el ponente es el senador Armando Benedetti, quien dio una primer férrea defensa del proyecto, ya que considera que de aprobarse, le brindaría las herramientas necesarias al Estado para hacer frente al conflicto armado que ha generado la coca.
"La guerra contra el narcotráfico se perdió en el mundo y esa derrota nos ha costado muy caro a los colombianos. A lo largo de 50 años hemos dejado en esa guerra una estela de muerte, de violencia, de pérdida de tranquilidad de millones de familias de pobreza, de pérdida de territorios muy importantes sobre los cuales el Estado no ejerce la soberanía porque están en manos de organizaciones criminales", expresó Marulanda.
El senador de la Alianza Verde también afirmó que de acuerdo con los informes científicos que conoce, solamente máximo el 17% de la población que consume cocaína termina siendo adicto, es decir no todo el consumidor de cocaína es un adicto", por lo que cuestionó que la legislación vigente penalice un acto individual que, desde su punto de vista, no le hace daño a una tercera persona.
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El proyecto establece que comprar la totalidad de la producción de coca le costaría al Estado alrededor de 2,6 billones de pesos, una cifra mucho menor que la que se requiere para erradicar este cultivo, cercana a los 4 billones de pesos, costo que puede elevarse si es con glifosato. Según Marulanda, la coca comprada se utilizaría para entregársela a los más de 260.000 consumidores que tiene el país.
De igual manera, el senador indígena Feliciano Valencia, aseguró que está en las manos del Congreso regular la hoja de coca el presente y futuro de las comunidades más apartadas que padecen los estragos de la violencia por la prohibición en torno a la coca.
"Esa generación que está detrás de nosotros se lo merece, nosotros, en nuestras manos, tenemos la posibilidad de abrir este debate para adentrarnos en la exploración de alternativas contundentes. No dejemos que las mafias criminales se tomen nuestra institucionalidad, nos desafíen y nos condenen a un círculo eterno de tragedias, matanzas y baños de sangre", expresó.
Por su parte, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, señaló que entregarle el monopolio de la coca al Estado no cambia la situación del país, pues desde su perspectiva, no es cierto que con esta medida se reduciría la violencia.
"No sé si alguno de ustedes haya tenido en su familia esta tragedia (de las drogas) y como a esta mayoría 'progre' de la Comisión Primera le parece tan bacano el libre desarrollo de la animalidad, donde cada cual cree que porque tiene libertad para consumir y para hacer lo que se le de la gana que es la mejor forma de convivencia, yo creo lo contrario, creo que debe haber unas normas de conducta", dijo Cabal.
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Según se lee en el texto del proyecto, el Ministerio de Salud o quien éste determine para tales efectos, sería el encargado de garantizar el abastecimiento de derivados psicoactivos de la hoja de coca en todo el territorio nacional en condiciones de seguridad a través de la red de salud, de acuerdo a la demanda existente y a la reglamentación que para estos fines expida dicho ministerio.
Las personas interesadas en adquirir dicha sustancia para el uso adulto deberían registrarse en una base de datos confidencial y anonimizada que dispondrá el Ministerio de Salud y asistir a una cita médica en la que se les informe sobre los riesgos asociados al uso de sustancias psicoactivas y se les brinden recomendaciones para reducir sus riesgos y mitigar sus daños.
Los usuarios registrados sólo podrían adquirir un máximo de un gramo de cocaína semanal para su uso personal. Esta cantidad no podrá acumularse y ser distribuida en semanas posteriores. La cantidad máxima semanal para los demás derivados psicoactivos de la coca sería definida por el Ministerio de Salud.
La sesión fue levantada por el lamentable fallecimiento del senador conservador Eduardo Enríquez Maya por complicaciones derivadas del Covid-19. Miguel Ángel Pinto, presidente de la Comisión, indicó que se retomará la discusión el próximo martes a las 9 de la mañana.
