El senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, quien citó al fiscal Eduardo Montealegre a un debate de control político al Congreso, no quedó convencido de la justificación que dio el funcionario este fin de semana sobre la millonaria contratación de abogados y exmagistrados, y criticó su posición de asistir a la citación en el Legislativo.
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“No sé por qué el fiscal se niega asistir al Congreso, será porque no tiene cómo explicar este escándalo de la contratación que ha hecho, o tiene cosas que ocultar, aunque yo quisiera que no fuera eso, y lo invitaría a que se serene y acuda al Congreso y entregue todas las explicaciones que tiene que darle al país”, dijo.
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En entrevista concedida a El Espectador, Eduardo Montealegre señaló que las contrataciones de algunos exmagistrados que hizo la Fiscalía se debe a la estrategia de esa institución para hacerle frente a las millonarias demandas que ha interpuesto, en su mayoría, por privaciones injustas de la libertad.
“Aunque esa podría ser una explicación, por qué si la Fiscalía tiene más de 20 mil empleados, tenía que contratar gente externa para el tema de la defensa por las demandas. El fiscal tiene que explicar la forma cómo contrató a esos asesores, la manera como los escogió, porque aunque está facultado para hacer contrataciones directas, eso también tiene una reglamentación”.
Sin embargo, el congresista Macías fue más allá, y señaló la causa por la cual el funcionario público contrató a los exmagistrados por grandes cuantías de dinero.
“Me da curiosidad que al señor fiscal en el Consejo de Estado le alargaron el período, porque antes dicho período era institucional y lo volvieron personal, y cuando salieron estos magistrados en mayo pasado, los contrató. A la consejera de Estado Susana Buitrago, quien fue la ponente de ese fallo, le dio un contrato por 180 millones de pesos, y al magistrado Vargas quien presidía ese alto Tribunal le dio un contrato por 517 millones. Eso lo pone a uno pensar que el fiscal estaba pagando el favor que le hicieron de prolongarle el período”.
En la entrevista del fin de semana, Montealegre Lynett señaló que no asistirá al Congreso, porque la Corte Constitucional ha reiterado que el fiscal general no puede ser citado a un debate de control político. Al respecto, el parlamentario uribista afirmó que insistirá en el debate.
“Si bien es cierto que en la ley quinta, que es el reglamento del Congreso, hay un vacío respecto a la citación del fiscal a las plenarias, está muy claro que a las comisiones se le puede citar y tiene la obligación de concurrir. De tal manera, que este martes voy a insistir en la plenaria del Senado pero si no lo logro, lo voy hacer en la Comisión Primera, pues aunque soy de la Comisión Quinta, los congresistas, de acuerdo al reglamento, podemos intervenir en cualquiera de las comisiones constitucionales”.
Ernesto Macías afirmó además que el fiscal se está convirtiendo en alguien intocable. “Es el intocable. En alguna oportunidad dijo que la Contraloría no podía hacerle control fiscal, también aseguró que el procurador no podía ejercer control disciplinario sobre los funcionarios de la Fiscalía, y ahora sale con que el Congreso no tiene facultades para hacerle control político, pero a él se le olvida que es un funcionario público, que maneja recursos públicos, y por lo tanto tiene que rendir cuentas”.
Por último el senador de la Comisión Quinta indicó que Montealegre está tratando de desviar la atención sobre el escándalo de la nómina paralela, y manifestó que no hay una persecución política contra él o el gobierno.
“El fiscal no puede tratar de distraer la opinión con cortinas de humo, por ejemplo con lo que pasó con la actriz Carolina Sabino, pero nosotros no nos vamos a dejar distraer. Asimismo, acá no hay una persecución o intención política para hacerle un debate de control, sino lo que hay son unos contratos firmados que ha hecho el fiscal con recursos del Estado”.
De otro lado, Kienyke.com también habló con el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, quien aclaró que el fiscal general no puede ser citado a debate de control político por el Congreso de la República, pero sí por la Comisión de Acusación del Legislativo.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry.
“Las plenarias del Congreso tienen la facultad de llamar para que rindan un informe de su gestión a los directores de los órganos de control como el procurador, el contralor, asimismo a los directivos del Banco de la República. De igual manera, se pueden citar debates en las plenarias para que los funcionarios gubernamentales entreguen explicaciones sobre su gestión, o sea, ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos, quienes pueden ser separados de su cargo mediante la figura de la moción de censura. Pero ahí no tienen que estar los funcionarios judiciales, o sea los magistrados de altas cortes, ni el fiscal general”.
Asimismo, el abogado explicó que el fiscal podría ser citado en una de las comisiones del Congreso, pero no para hacerle un control.
“Las comisiones constitucionales o legales del Congreso pueden citar a cualquier persona, cuando se esté adelantando alguna investigación que tenga que ver con un proyecto de ley o audiencia pública. Sin embargo, esta es una citación distinta, porque se cita a esa persona para que suministre información que requiere dicha célula legislativa, más no de control”.
Según dijo Charry, el fiscal debe responder para temas fiscales, disciplinarios o penales sólo ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, órgano que puede acusarlo ante el Senado, y éste a su vez sancionarlo políticamente y darle paso a la investigación penal en la Corte Suprema de Justicia.
“Me da curiosidad que al señor fiscal en el Consejo de Estado le alargaron el período, porque antes dicho período era institucional y lo volvieron personal, y cuando salieron estos magistrados en mayo pasado, los contrató. A la consejera de Estado Susana Buitrago, quien fue la ponente de ese fallo, le dio un contrato por 180 millones de pesos, y al magistrado Vargas quien presidía ese alto Tribunal le dio un contrato por 517 millones. Eso lo pone a uno pensar que el fiscal estaba pagando el favor que le hicieron de prolongarle el período”.
En la entrevista del fin de semana, Montealegre Lynett señaló que no asistirá al Congreso, porque la Corte Constitucional ha reiterado que el fiscal general no puede ser citado a un debate de control político. Al respecto, el parlamentario uribista afirmó que insistirá en el debate.
“Si bien es cierto que en la ley quinta, que es el reglamento del Congreso, hay un vacío respecto a la citación del fiscal a las plenarias, está muy claro que a las comisiones se le puede citar y tiene la obligación de concurrir. De tal manera, que este martes voy a insistir en la plenaria del Senado pero si no lo logro, lo voy hacer en la Comisión Primera, pues aunque soy de la Comisión Quinta, los congresistas, de acuerdo al reglamento, podemos intervenir en cualquiera de las comisiones constitucionales”.
Ernesto Macías afirmó además que el fiscal se está convirtiendo en alguien intocable. “Es el intocable. En alguna oportunidad dijo que la Contraloría no podía hacerle control fiscal, también aseguró que el procurador no podía ejercer control disciplinario sobre los funcionarios de la Fiscalía, y ahora sale con que el Congreso no tiene facultades para hacerle control político, pero a él se le olvida que es un funcionario público, que maneja recursos públicos, y por lo tanto tiene que rendir cuentas”.
Por último el senador de la Comisión Quinta indicó que Montealegre está tratando de desviar la atención sobre el escándalo de la nómina paralela, y manifestó que no hay una persecución política contra él o el gobierno.
“El fiscal no puede tratar de distraer la opinión con cortinas de humo, por ejemplo con lo que pasó con la actriz Carolina Sabino, pero nosotros no nos vamos a dejar distraer. Asimismo, acá no hay una persecución o intención política para hacerle un debate de control, sino lo que hay son unos contratos firmados que ha hecho el fiscal con recursos del Estado”.
De otro lado, Kienyke.com también habló con el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, quien aclaró que el fiscal general no puede ser citado a debate de control político por el Congreso de la República, pero sí por la Comisión de Acusación del Legislativo.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry.
“Las plenarias del Congreso tienen la facultad de llamar para que rindan un informe de su gestión a los directores de los órganos de control como el procurador, el contralor, asimismo a los directivos del Banco de la República. De igual manera, se pueden citar debates en las plenarias para que los funcionarios gubernamentales entreguen explicaciones sobre su gestión, o sea, ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos, quienes pueden ser separados de su cargo mediante la figura de la moción de censura. Pero ahí no tienen que estar los funcionarios judiciales, o sea los magistrados de altas cortes, ni el fiscal general”.
Asimismo, el abogado explicó que el fiscal podría ser citado en una de las comisiones del Congreso, pero no para hacerle un control.
“Las comisiones constitucionales o legales del Congreso pueden citar a cualquier persona, cuando se esté adelantando alguna investigación que tenga que ver con un proyecto de ley o audiencia pública. Sin embargo, esta es una citación distinta, porque se cita a esa persona para que suministre información que requiere dicha célula legislativa, más no de control”.
Según dijo Charry, el fiscal debe responder para temas fiscales, disciplinarios o penales sólo ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, órgano que puede acusarlo ante el Senado, y éste a su vez sancionarlo políticamente y darle paso a la investigación penal en la Corte Suprema de Justicia.
