El mapa político en Colombia se encuentra amenazado por una serie de demandas por doble militancia en modalidad de apoyo, que podrían desencadenar una crisis institucional de proporciones significativas. Según Hollman Ibañez, abogado especialista en derecho electoral, actualmente 17 de los 32 gobernadores del país están enfrentando demandas por este motivo, lo que plantea serias implicaciones para la estabilidad política y económica de ciertas regiones.
La doble militancia, un concepto que tiene cerca de 15 años de existencia en el ámbito político colombiano, prohíbe a los miembros de los partidos pertenecer a más de una colectividad política o apoyar en elecciones a candidatos de otros partidos. Esta restricción, establecida por el Congreso de la República en 2009, busca evitar conflictos de intereses y garantizar la lealtad de los políticos a sus respectivas agrupaciones.
“¿Hoy qué tenemos? 17 demandas, 17 personas demandadas por doble militancia en modalidad de apoyo. Eso genera un riesgo muy grande para la democracia. Primero, porque si se encuentra probado, si los demandantes saben probar y el Consejo de Estado, en primera o segunda instancia, encuentra que las pruebas para demostrar la doble militancia son fuertes, vamos a tener un muy buen número de elecciones repitiéndose”, señaló Ibañez.
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Sin embargo, la interpretación y aplicación de esta norma ha generado controversia y desafíos legales. El Consejo de Estado, a partir de la elección de 2018, comenzó a emitir pronunciamientos que van delimitando las restricciones para los candidatos a cargos de elección popular, señalando que no pueden apoyar a candidatos de otros partidos políticos.
Un caso emblemático que marcó el inicio de esta tendencia fue el del representante Luis Emilio Tovar de Arauca, quien apoyó a un candidato de otro partido en elecciones y vio anulada su elección por parte del Consejo de Estado. Desde entonces, se han presentado numerosos casos similares, incluyendo el de César Pachón en Boyacá, Alexander López en el Valle del Cauca o incluso el mismo Roy Barreras.
El riesgo de estas demandas radica en las posibles consecuencias legales y financieras que podrían derivarse, toda vez que podrían llegar a darse nuevas elecciones en algunos territorios. Si los gobernadores demandados son hallados culpables de doble militancia, podrían enfrentar la anulación de sus elecciones y estarían fuera del nuevo tarjetón y no basta recordar que eso solo representaría un costo significativo para el presupuesto nacional y regional.
¿Qué es la doble militancia y cómo se comprueba?
Hollman Ibañez asegura que, para decretar la culpabilidad por doble militancia en la modalidad de apoyo, el Consejo de Estado requiere pruebas fehacientes de apoyo a candidatos de otros partidos en elecciones para determinar la culpabilidad de los demandados, lo que agrega complejidad al proceso y prolonga su duración.
El abogado calcula que en el papel este proceso no debería durar más de un año tras las elecciones iniciales, sin embargo, en la práctica, podría durar entre tres y cuatro meses más.
En última instancia, el futuro de estas demandas y su impacto en el panorama político colombiano siguen siendo inciertos. El abogado, que ha llegado a estudiar algunos de estos procesos, asegura que si bien algunas demandas están respaldadas por pruebas sólidas, otras pueden carecer de fundamentos sólidos. Sin embargo, el riesgo de una crisis institucional persiste, ya que incluso con un número pequeño de nulidades se podría generar un impacto importante en la política regional.
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“Si anulan la elección antes de los 18 meses, la elección debe repetirse. ¿Usted se imagina repitiendo la elección de Cundinamarca, la elección de Boyacá, la elección del Meta o la elección del Magdalena o departamentos que tengan un muy buen número de de municipios? El riesgo, digamos, es bastante para el presupuesto cuando tenemos un presupuesto maltrecho, cuando tenemos un ajuste fiscal fuerte”, advirtió el abogado.
Sumado a ello, recuerda que la doble militancia dice expresamente que ningún candidato puede apoyar a candidatos de otros partidos y frente a ello solo hay pocas excepciones: si el partido dejó en libertad a sus miembros o si hubo un acuerdo previo con el partido, en los casos en los que el partido propio no tiene lista o candidatos.
