Un nuevo reporte sobre represión, abusos y violaciones de los derechos humanos en Venezuela fue presentado este miércoles ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el que se detallan decenas de casos de supuestas torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidas en los primeros meses de este año, que el organismo califica de crímenes de lesa humanidad.
Según denunció el Instituto Casla, ubicado en Praga, República Checa, los nuevos casos de torturas documentados en lo que va de 2019 ascienden a 40 e incluyen a menores de edad y a militares.
A estos casos se suman al menos 8 asesinatos cometidos por “grupos paramilitares” conocidos como colectivos del chavismo, y decenas de detenciones arbitrarias en centros clandestinos y de la inteligencia militar venezolana. De acuerdo con la denuncia hecha por Casla, cinco de los torturados son familiares directos de militares disidentes que en las últimas semanas cruzaron la frontera con Colombia.
La información fue entregada este miércoles a la OEA por parte de la directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju.
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Según adelantó Suju, el mismo documento será enviado a la Corte Penal Internacional en La Haya, donde avanzan otras investigaciones sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela en los últimos años.
Suju describió el primer trimestre del año en Venezuela como "el más duro y cruel por las torturas". Afirmó que los casos documentados tuvieron como responsables a “grupos paramilitares creados por el régimen chavista”, y dijo que hubo un recrudecimiento de la represión a partir de los días 22 y 23 de febrero en relación con los intentos de la oposición venezolana y parte de la comunidad internacional de ingresar ayuda humanitaria desde la frontera con Colombia.
En esos días, detalló la responsable del Instituto Casla, se produjeron al menos 8 muertes en el municipio venezolano de Gran Sabana, donde los colectivos chavistas y los efectivos militares del régimen "sembraron el terror" y dispararon "ráfagas" con intención de matar. Además, dos decenas de periodistas fueron detenidos en esos días, recibieron un "trato cruel" y sus equipos fueron confiscados, dijo Suju.
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La información sobre nuevos casos de tortura fue acompañada por la presentación de una serie de videos hechos de manera clandestina por un militar disidente, el teniente venezolano Ronald Dugarte, quien hasta el mes pasado cumplió funciones de analista de inteligencia en las instalaciones de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM).
Según relató Dugarte vía Skype, desde un lugar no especificado, los videos fueron hechos entre diciembre de 2018 y enero de este año y muestran a detenidos políticos en centros de la DGCIM que son víctimas de tortura, aunque aclaró que él no fue testigo directo de las vejaciones. "Pude escuchar sus gritos por el dolor que les causaban", afirmó Dugarte, aclarando que las torturas continúan hasta el día de hoy.
"Hay un recrudecimiento y agudización de la práctica, no solo contra opositores sino también contra militares y sus familiares", afirmó Almagro durante la presentación de las supuestas nuevas evidencia. El uso de esta metodología en Venezuela, agregó, "ha sido sistemático" y se aplicó con el fin de dar "castigos ejemplificantes".
Almagro enfatizó que "el uso sistemático de la tortura constituye un crimen de lesa humanidad".
El informe del Instituto Casla coincide con las denuncias hechas anteriormente por la misma OEA y por agrupaciones independientes, entre ellas Human Rights Watch.
Tanto Suju como Almagro concuerdan en que el Gobierno de Maduro se radicalizó en el último periodo, lo que ha derivado no solo en los abusos a prisioneros ya mencionados sino en represión violenta de las protestas callejeras.
El Departamento del Tesoro norteamericano también difundió esta semana un informe sobre las supuestas violaciones de los derechos humanos en Venezuela durante 2018. Ese trabajo dio cuenta de asesinatos extrajudiciales y torturas sistemáticas, y denunció las condiciones extremas de hacinamiento que sufren tanto los presos comunes como los detenidos por razones políticas en las cárceles venezolanas.
