La Cancillería anunció este domingo que radicó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una consulta para precisar si la reelección presidencial indefinida por parte de un mandatario es un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
"El Ministerio de Relaciones Exteriores informa a la opinión pública que... el Gobierno de Colombia está presentando ante la Corte una Solicitud de Opinión Consultiva en relación con el tema de la reelección presidencial indefinida, en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos", indicó la Cancillería en un comunicado.
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La consulta de Colombia busca conocer cuáles son las consecuencias jurídicas de la reelección indefinida, y espera que la Corte IDH defina si las medidas legislativas que adopta un gobierno "con el fin de perpetuarse en el poder" son compatibles con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana o Pacto de San José, la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.
La Cancillería señaló que, como en cualquier proceso de carácter consultivo ante la Corte IDH, en el mismo pueden participar no solo los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), sino también representantes de la sociedad civil que quieran exponer ante la Corte sus opiniones sobre el tema.
"El Gobierno colombiano espera que la Corte reciba muchas contribuciones conceptuales... que le permitan emitir un dictamen que interprete la convicción jurídica común de los pueblos de las Américas respecto a este tema fundamental", concluyó la Cancillería de Colombia.
El anuncio se dio en el marco de las elecciones presidenciales que se celebraron este domingo en Bolivia y en las que el presidente Evo Morales aspira a su tercera reelección consecutiva.
La candidatura de Morales se da pese a que en febrero de 2016 perdió un referendo para consultar sobre su postulación a una nueva reelección, la cual fue rechazada con un 51,3 por ciento de los votos.
Sin embargo, Morales apeló el referendo e interpuso un recurso judicial en el Tribunal Constitucional, que avaló su aspiración en noviembre de 2017 tras considerar que negarle su aspiración reeleccionista afectaba sus derechos políticos y humanos
