La investigación que estaría realizando la Procuraduría General de la Nación por la "bodega uribista" sigue dando de qué hablar, la indagación se abrió luego de que los senadores Antonio Sanguino y Gustavo Bolívar denunciaran que, al parecer, varios funcionarios del gobierno de Iván Duque, manejaban un grupo de WhatsApp con el propósito de violentar la libertad de prensa y los derechos de la oposición.
La Procuraduría reconoció a los senadores como víctimas de la presunta falta de los funcionarios del gobierno: Claudia María Bustamante, cónsul general en Orlando, Estados Unidos; Víctor Muñoz, consejero presidencial para la Transformación Digital; Juan Pablo Bieri, asesor del Gobierno; Stephanie Carrillo y Hernán Cadavid, entonces integrantes de la utl de Uribe; y Camilo Alejandro Martínez, también de la utl.
Supuestamente habrían realizado varias campañas en redes sociales con hashtags que vulneraban los derechos de la prensa y de la oposición, por ejemplo: #NoVeoNoticiasUno, #LosTestaferrosDeSantos, #LaWPolariza, #JulitoNosQuiereCallar, #CamilitaEstásPillada y #JuvinaoMePoneEnPeligro.
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Hernán Cadavid, uno de los hombres de mayor confianza del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, quien se encargó de coordinar su trabajo en el Senado, se refirió a la investigación en la que está involucrado y la calificó como una persecución del procurador que dejó designado Fernando Carrillo, que pretende criminalizar ese tipo de reuniones.
"Esta semana un procurador encargado, sin competencia, filtró a los medios de comunicación la noticia de una investigación disciplinaria contra algunos ciudadanos entre los cuales yo me encuentro, dentro de las perlas de esa investigación se encuentra que me declara victimario de Gustavo Bolívar y Antonio Sanguino dos personas que han cimentado su carrera política en el desprestigio y la difamación del contrario", afirmó Cadavid.
Así mismo, aseguró que si ese procurador lo hubiera llamado a una versión libre se habría dado cuenta que, supuestamente, Cadavid no estuvo vinculado a la bodega en mención.
"El precedente más grave es que entonces van a criminalizar la reunión de personas que consideren pueden trabajar en favor de una causa, este sí es el precedente gravísimo para la democracia y la libre expresión en Colombia. Los órganos de control no pueden estar sirviendo de mandaderos para las venganzas políticas de ellos o de sus jefes", concluyó.
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Es clave anotar que, la procuradora general Margarita Cabello, identificó 18 decisiones tomadas por Alejandro Emilio Ramírez, procurador designado por Fernando Carrillo, pero que nunca se posesionó en el cargo.
"A raíz de 18 decisiones tomadas por un procurador delegado no posesionado, y conocidas a través de medios de comunicación, la procuradora general ordenó de inmediato, con precisas instrucciones, que se estudiaran todas las actuaciones de aquél, a fin de verificar su validez o eficacia y tomar cualquier otra medida que considere pertinente", indicó la Procuraduría.
