La Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia entregó un informe sobre los avances de la implementación de los Acuerdos de Paz y concluyó que solo se ha cumplido un 18,5 % de lo pactado en 2016.
Según el coordinador del informe, Joaquín Sánchez, "el Gobierno tan solo ha tramitado 12 de las 34 medidas que se habían acordado para el primer año del proceso de paz", denunció durante una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Europeo.
Igualmente, el informe plantea que durante los 52 años de conflicto armado entre las Farc y el Gobierno colombiano han causado 20.000 muertos, 9.000 desaparecidos, 7,2 millones de desplazados internos y 8,6 millones de afectados.
[single-related post_id="826610"]
Participación política
Luego de que Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), anunciara la suspensión temporal de su campaña política por los ataques evidenciados en los actos públicos que efectuaron, la comisión puso en duda la voluntad política del Gobierno que ante esta situación no ha dado las garantías necesarias para que el exgrupo armado retome las actividades proselitistas, por lo que indicó que en este aspecto, solo se ha cumplido un 19% de lo acordado.
Además, el informe señala que el Gobierno debe poner en marcha las acciones para desmantelar el paramilitarismo que fueron establecidas en el Acuerdo de Paz: "Difícilmente podrá haber paz si no se tiene la firme voluntad de acabar con estas estructuras que amenazan el proceso y relacionadas con la minería extractiva ilegal y el narcotráfico".
Preocupación por líderes sociales
Este tema también fue objeto de estudio por parte de las entidades internacionales. El eurodiputado de Izquierda Unida (IU) Javier Couso, denunció el "asesinato de más de 80 activistas sociales y sindicalistas en lo que va de 2018".
[single-related post_id="826291"]
Por lo que además de recordar el "exterminio" del la Unión Patriotica sugirió a la Unión Europea tomar cartas en el asunto.
"La Unión Europea (UE) tiene un rol muy importante como acompañante en este proceso de paz y debe exigirle al Gobierno de Colombia que desmantele el paramilitarismo”, afirmó Couso, quien considera que “hay sectores que están haciendo lo posible para que el proceso de paz descarrile".
El estudio muestra que solo se ha cumplido un 33 % de lo prometido sobre el fin del conflicto. En este sentido, Germán Graciano representante de la comunidad de paz de San José de Apartadó, denunció que el pasado 29 de diciembre sufrió un intento de asesinato por parte del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia lo que evidencia que la paz no es un hecho.
[single-related post_id="824495"]
“La paz que tenemos a día de hoy es sólo una paz de palabra, no hay sensibilidad por parte del Gobierno colombiano para parar la injusticia hacia la población civil y garantizar que este conflicto sea historia”, aseguró Graciano.
La delegación solicitó a la Comunidad Internacional no desfallecer en su acción solidaria que involucra aspectos políticos y económicos imprescindibles para continuar con el proceso de implementación de los acuerdos.
"La Comisión considera que es necesario un mayor control de la comunidad internacional sobre la actuación de las empresas europeas y de otros países que tienen intereses en Colombia y que, demasiado a menudo, se convierten en generadores de violencia y expolio. Los gobiernos europeos deben asumir su responsabilidad sobre estas actuaciones y ejercer una tarea de observación de las consecuencias sociales y ambientales de las actividades de sus respectivas empresas".
