Durante generaciones, México fue un paso relativamente libre para los migrantes no autorizados que viajaban a Estados Unidos. Todos los años, decenas de miles de personas cruzaban el país, en su mayor parte sin impedimentos por parte de las autoridades mexicanas.
Sin embargo, esta semana, la nueva postura firme del gobierno mexicano en torno a la migración entró en una nueva fase al responder con puño de hierro frente a una inmensa caravana migrante de centroamericanos que buscaba ingresar a México.
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Hace unos días, el gobierno mexicano desmanteló la caravana en la frontera sur, por medio de una combinación de recompensa y castigo: el atractivo de un posible empleo para los que eligieran entrar de forma legal, y gas pimienta, detenciones y deportaciones para los que no escogieran esa opción.
Para el 24 de enero, una caravana que hasta hace una semana tenía 4.000 personas se redujo a varias decenas, y la mayoría de estos individuos languidecía en Ciudad Tecún Umán, Guatemala, donde sopesaban sus esperanzas frustradas y sus próximos movimientos. Más de 1000 personas fueron enviadas de regreso a Honduras y unas 800 permanecieron detenidas en México, según las autoridades gubernamentales.
“No crucé porque vi las dificultades”, comentó Rony Benítez, un chofer de autobús de 49 años originario de Honduras, que el 24 de enero por la mañana estaba sentado en una acera de Tecún Umán. “Ya me harté de la caravana”.
Hasta la fecha, la caravana tal vez haya sido la prueba más grande y dramática para México y su nueva resolución de endurecer su política hacia la migración ilegal. El giro político comenzó el año pasado bajo la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenazó con cerrar la frontera e imponer aranceles y exigió que el gobierno mexicano hiciera más por detener el flujo de migrantes que pasa a través de su territorio en camino hacia Estados Unidos.
Esta semana, la postura estricta del gobierno produjo escenas intensas en las que las fuerzas de seguridad mexicanas, vestidas con uniformes antidisturbios, repelieron o rodearon a migrantes centroamericanos que intentaban cruzar en masa la frontera sur de México.
La táctica generó críticas de parte de los defensores de los migrantes e incluso de algunos funcionarios mexicanos, quienes acusaron a las autoridades de haber cometido violaciones a los derechos humanos al hacer un uso excesivo de la fuerza. No obstante, el gobierno de Trump aplaudió los esfuerzos, y felicitó al gobierno mexicano por haber endurecido su postura en el tema de inmigración.
Kenneth T. Cuccinelli II, subsecretario interino de Seguridad Nacional, les comentó a los reporteros el 24 de enero que la administración de Trump había visto más cooperación “de la que se consideraba posible” de parte de México, El Salvador, Honduras y Guatemala.
Cuccinelli señaló que los procedimientos en parte fueron el resultado del despliegue de decenas de agentes de Seguridad Nacional en la región, que tenían la tarea de capacitar a las autoridades locales para detener la migración hacia Estados Unidos. Cuccinelli agregó que la próxima semana el gobierno de Trump iba a comenzar a negociar un acuerdo con Honduras para que los hondureños que buscan asilo sean deportados de vuelta a su país.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió la respuesta de su gobierno frente a la caravana y mencionó que las fuerzas de seguridad habían respetado los derechos humanos y actuado con profesionalismo.
“Se ha resuelto bien el problema”, dijo durante una conferencia de prensa celebrada el 24 de enero. “Por suerte, se han respetado los derechos humanos”.
La respuesta del gobierno mexicano frente a la caravana fue un alejamiento drástico de la estrategia utilizada para las migraciones masivas similares que ocurrieron hace apenas un año.
López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018 en medio de una explosión migratoria de Centroamérica, cuando miles de personas huyeron de la pobreza, la violencia y la disfunción gubernamental, para llegar a la frontera sudoeste de Estados Unidos.
Sin embargo, en vez de impedir ese flujo, López Obrador, un populista de toda la vida y un defensor de los pobres, abrió todavía más las puertas, con la promesa de oportunidades laborales en México y una distribución de visas humanitarias con vigencia de un año casi para cualquiera que la solicitara.
Tras rechazar la estrategia que implementaron sus predecesores, la cual, según la descripción del mandatario, empezaba por el uso de la fuerza, se desplomaron las deportaciones desde México.
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