La Contraloría General informó que realizó 28 hallazgos que configurarían un presunto detrimento patrimonial por más de $3.740 millones en múltiples contratos del Ejército Nacional.
Uno de los casos más relevantes que se identificó tiene que ver con un contrato que tenía como objeto la reparación de componentes de la División de Aviación y Asalto Aéreo.
El ente de control señaló que la institución militar hizo los desembolsos sin contraprestación alguna y que, a juicio de los auditores, se habría configurado un daño fiscal por más de $465 millones.
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"El contrato se vio además afectado porque los responsables de su Mira eejecución fueron eximidos, sin sustento legal, de pagar una sanción por incumplimiento en cuantía de US$32.600 (cerca de $100 millones a la tasa de cambio actual)", indicó.
La Contraloría mencionó que el contratista encargado del suministro de combustibles se habría visto favorecido de manera irregular al utilizar bienes fiscales en beneficio propio.
"En efecto, consiguió que el Ejército le prestara aeronaves oficiales o le facilitara otras contratadas por horas de vuelo. El presunto detrimento patrimonial asciende en este caso a los $453 millones".
Las demás irregularidades evidenciadas
Otro de los contratos que atrajo la atención de los investigadores fue celebrado por la Central Administrativa y Contable Regional Usaquén, del Comando de Logística, para la realización de obras de infraestructura.
El ente de control especificó que, al hacer una comparación entre lo ejecutado y lo cancelado, "no fue posible evidenciar las cantidades descritas en las respectivas actas. Las diferencias en cantidades llegaron a más de $160 millones".
En la investigación se logró identificar otras anomalías relacionadas con millonarios pagos en viáticos, seguros, kits para soldados y mantenimientos.
Entre los hallazgos está que, durante las vigencias 2016-2017, el oficial a cargo del Comando de Educación y Doctrina recibió viáticos sin debida legalización. Según la Contraloría, no existen informes sobre las actividades que desarrolló.
También se encontraron debilidades en la labor de supervisión de contratos suscritos por la IV Brigada, que conllevó al pago de servicios sin los soportes que evidencien la efectiva realización de las actividades.
La Contraloría dijo que, por otro lado, está el giro de recursos injustificado de la prima de seguro para el Hangar de oficinas en Guaymaral, la cual no pertenecía al Ejército, y las irregularidades en la ejecución de contratos para la adquisición de productos de cafetería y restaurante para las Unidades de la Cuarta Brigada, en la cual no hay evidencia del uso y destino final dado a las compras realizadas.
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De igual forma, mencionó que, al revisar con detenimiento un contrato de más de $470 millones destinados a la dotación de 4.402 soldados, se evidenció un mayor gasto al requerido en un principio.
"No existen soportes que permitan tener certeza sobre el destino final, justificación, utilización y beneficiarios de los elementos adicionales por valor de $140.659.200, monto del presunto detrimento patrimonial", resaltó.
Además, se verificó que en la facturación de pagos por mantenimiento de vehículos de la Cuarta Brigada del Ejército aparecen relacionados varios vehículos que, al parecer, no pertenecen a esa unidad militar.
"Las dudas se acentúan por el hecho de que el contratista no incluyó la placa civil o militar de los vehículos en las facturas. Sumados a la incertidumbre sobre el cumplimiento del objeto contractual, los documentos y evaluaciones disponibles sugieren un presunto detrimento en cuantía de $607.795.230".
