Colombia tiene el reto de reincorporar a más de 12.900 excombatientes de las Farc y asegurarles una vida pacífica, mientras el país vive altos niveles de violencia. Tras el Acuerdo de Paz, grupos armados ilegales se han fortalecido en las regiones fronterizas y en los corredores del narcotráfico en diferentes partes del país.
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El asesinato de Darío Herrera, ocurrido el 28 de enero en el municipio de Ituango, al norte de Antioquia, fue un recordatorio más de la importancia de encontrar estrategias que logren integrar la reincorporación con las estrategias de seguridad, especialmente en zonas como Antioquia, Cauca y Chocó.
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) es una de las entidades clave en ese proceso. Su director, Andrés Stapper, explica que la reincorporación integral tiene cuatro dimensiones: la socioeconómica, la seguridad física, la seguridad jurídica y la participación política. Si alguna de ellas no anda a los ritmos debidos, hay dificultades en todas las demás.
La seguridad de los excombatientes ha sido uno de los temas más discutidos del proceso de implementación del Acuerdo de Paz. Desde que se firmó el pacto, más de 180 desmovilizados han sido asesinados, según cifras del partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).
Sin embargo, Stapper resalta que solo un asesinato ha ocurrido dentro de un antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR). “Eso quiere decir que se ha podido comprobar que el mecanismo que puso en marcha el gobierno ha tenido cierta eficacia para la protección de los excombatientes y los proyectos productivos”, dice Stapper.
Ahora, dice el funcionario, el reto es lograr que las personas que viven fuera de los espacios también estén seguras. “Tenemos casi 3.000 personas dentro de los espacios de reincorporación, pero por fuera de ellos tenemos más de 9.200 personas. Ellos están ubicados en más de 559 municipios. Eso implica que, por la dispersión de la población, es necesario ver cómo podemos brindarles seguridad con el Ejército, la Policía y otras entidades competentes”, dice Stapper.
Por ejemplo, Darío Herrera fue asesinado en una vereda a unos 20 minutos del ETCR de Ituango. En esa región ya han ocurrido 12 asesinatos, según cifras de Farc.
Stapper le explicó a la Agencia Anadolu que ya están organizando el traslado de la zona veredal a otra parte de Antioquia que tenga más garantías de seguridad. El pasado jueves se reunieron en Ituango miembros del partido Farc, funcionarios del gobierno y entidades internacionales para crear un plan de traslado.
“Se establecieron tres cronogramas para identificar predios a los que se puedan trasladar y para movilizar las unidades productivas. También se harán unos censos de la población”, dijo el funcionario.
Algunos de los excombatientes quieren salir de Ituango y ubicarse en otra zona de Antioquia, mientras que otras 20 personas buscarán quedarse en el municipio, y para ello es necesario crear soluciones de seguridad con la Policía y el Ejército, explicó el director de la ARN.
Pero Ituango no es la única zona con situaciones adversas de seguridad. En el Cauca hay cuatro espacios territoriales para reincorporados. Allí las comunidades han sufrido confinamiento debido a enfrentamientos entre grupos armados y el Ejército.
El Pacífico colombiano también necesita estrategias específicas de seguridad. “En Chocó tenemos un espacio territorial en Caracolí y personas dispersas en Quibdó. La idea es seguir acompañándolos no solo en la reincorporación económica sino en todos los componentes de seguridad”, dice Stapper.
“Hay un gran reto para articular a las entidades del gobierno encargadas de brindarles seguridad a los excombatientes para que ellos puedan desarrollar su proyecto de vida”, añadió el funcionario.
