Un fallo de la Corte Constitucional dejó en firme la sentencia que obliga al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a pagar las pensiones de 106 madres comunitarias. La decisión dejaría a la entidad sin recursos, debido al impacto millonario en sus finanzas.
El fallo, en última instancia, ratifica los derechos de las madres comunitarias que habían solicitado la protección de sus derechos. Con esta decisión, las 73.000 mujeres que trabajaron desde 1988 hasta 2014 en los hogares del ICBF tendrán un salario y una pensión como los trabajadores comunes.
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La sentencia había salido de la propia Corte en noviembre, pero el ICBF apeló debido al efecto contra sus finanzas. Según un cálculo de la entidad, el Estado tendría que pagar más de 16 billones de pesos por todos los derechos laborales que perdieron las madres, algunas de las cuales no tuvieron remuneración adecuada durante más de 30 años.
Aunque el ICBF sostuvo que las mujeres no tenían ningún vínculo contractual formal, la Corte dijo que en este caso prima un contrato realidad, por las funciones que cumplen como trabajadoras. Este fallo cubre los derechos de la mujeres que ejercieron esta labor entre 1988 y 2014, cuando este oficio fue formalizado por orden del Consejo de Estado.
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Este fallo solo cubre a las 106 madres comunitarias, pero permitiría a las restantes poner tutelas para que sean restituidos sus derechos. El Instituto estima que, de darse estas tutelas, se podría estar hablando de un golpe a sus finanzas de casi 1,2 billones de pesos para indemnizar a las demandantes.
La líder de las madres comunitarias, Olinta García, aseguró que los acuerdos luego del paro de 2016 han sido incumplidos por la directora del Instituto, Cristina Plazas. La mayoría de las demandantes tiene más de 70 años de edad, y en algunos casos se han presentado muertes de las mujeres.
