En Colombia una vaca tiene más derechos que una mujer campesina, dice Victoria Huertas*, una defensora de derechos humanos que prefiere reservar su identidad.
Una vaca, explica, tiene derecho a una hectárea de tierra, pero las mujeres no tienen tierras. Una vaca tiene derecho a vacunación, desparasitación, tiene un veterinario y un control médico. En cambio, la mayoría de campesinas no tienen acceso a un centro de salud, ni otros derechos básicos como la educación.
La desigualdad que describe Victoria es apenas una de las dificultades que enfrentan las mujeres que protegen el medio ambiente y los derechos rurales en el país. Así lo explica un informe de Oxfam titulado ‘Mujeres Defensoras de los derechos agrarios, ambientales y territoriales en Colombia’, publicado este miércoles.
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El documento también narra las dificultades que enfrentan las mujeres campesinas, indígenas y afro que se atreven a reclamar sus derechos y rechazar la violencia que viven en sus territorios.
“Ellas están defendiendo bienes comunes, que nos pertenecen a toda la humanidad, que nos brindan un servicio, pero están enfrentando estas amenazas”, dice Aida Pesquera, directora de Oxfam en Colombia.
El informe fue publicado al mismo tiempo que se lanza la campaña internacional Juntas Somos Victoria, para hacer un llamado a los gobiernos del mundo para que salvaguarden la vida de las defensoras.
“En Colombia, las mujeres que defienden sus tierras, su cultura y el medioambiente están siendo amenazadas, hostigadas y, en ocasiones, asesinadas”, dice el informe.
Desde 2016 y hasta septiembre de 2019, 55 defensoras han sido asesinadas, según cifras del programa Somos Defensores. En el primer semestre de este año el promedio de asesinatos de lideresas sociales en el país ha sido de uno cada dos semanas.
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Los continuos ataques han posicionado a Colombia como el segundo país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente.
Además de la violencia directa, las líderes sociales indígenas, afro y campesinas enfrentan históricos problemas de desigualdad, discriminación, machismo y pobreza.
Según el coeficiente de GINI (2018), Colombia es el cuarto país más desigual del mundo después de Sudáfrica, Haití y Honduras.
Las familias rurales entienden bien el significado de estas estadísticas: mientras el 64% de los hogares campesinos no tienen acceso a la tierra, el 1% de los propietarios son dueños del 80% del territorio.
Oxfam señaló que el caso del Chocó, en el Pacífico colombiano, es especialmente alarmante. En Quidbó, su capital, menos del 1% de los propietarios es dueño del 95% de la tierra.
La disparidad rural golpea con especial fuerza a las mujeres. A pesar de la escasez de cifras, el informe de Oxfam encontró que ellas tienen mayor probabilidad de poseer extensiones más pequeñas de tierra, si es que la tienen. El 78% cuenta con menos de cinco hectáreas. Además, tienen menor acceso a crédito, maquinaria y asistencia técnica que los hombres.
La mayoría de las mujeres que viven en el campo tiene escasas oportunidades de incorporarse al mercado laboral y se ven obligadas a dedicarse a actividades no reguladas y expuestas a mayores riesgos. Como resultado, la pobreza rural se concentra en los hogares monoparentales encabezados por ellas. Hasta el 40% de estas familias se encuentra en dicha situación de pobreza.
El riesgo sobre las mujeres defensoras rurales se multiplica cuando pertenecen a alguna etnia indígena o son afrocolombianas, y existen otros factores que incrementan la vulnerabilidad.
