El Consejo de Estado le negó al excongresista Pablo Victoria su petición de recibir una pensión de 26 millones de pesos, superior al tope establecido por la Corte Constitucional, pese a la insistencia del exsenador, que desde el 2013 exije que se le pague más.
En junio del 2013, Victoria presentó una acción de tutela contra Fonprecó, el Fondo de Pensiones del Congreso, y la Corte Constitucional. En ella acusaba de ilegal una sentencia de la Corte que pone un tope de 25 salarios mínimos (poco más de 17 millones de pesos) a las pensiones de excongresistas. Además exigía un retroactivo de 290 millones por lo que no se le canceló a partir de la puesta en marcha de la sentencia.
Además de exigir un pago mayor, Victoria argumentó que se le violaron los derechos al debido proceso y seguridad jurídica, y pedía ser compensado por los supuestos atropellos a los que fue sometido.
La tutela fue estudiada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en menos de dos meses la rechazó. Sin embargo, dos años después, y gracias a la constante presión de Victoria, la Sección Primera del Consejo de Estado , en una polémica movida, revocó la decisión del tribunal y obligaba al cumplimiento a la mejora pensional del exsenador, aumentando 9 millones de su mesada.
Después de aprobarse, la Sección Tercera del Consejo de Estado volvió a declarar nulo el pago de la megapensión, luego de que el director de Fonprecón, Francisco Ramírez, alegara que el tope impuesto por la Corte Constitucional no podía ser alterado.
Viendo que de nuevo se le negaba su jugosa pensión, Pablo Victoria presentó una nueva acción de tutela, la cual en las últimas horas fue nuevamente rechazada por la Sala Primera del Consejo de Estado por ser "improcedente".
Por lo pronto el excongresista tendrá que conformarse con una pensión de 17 millones de pesos mensuales.
