El procurador general Fernando Carrillo anunció que, mediante un recurso de apelación, solicitó ante la Corte Suprema de Justicia decretar la figura de 'silla vacía' para el caso de la excongresista Aída Merlano, quien se fugó de las autoridades en medio de una cita odontológica.
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Carrillo mencionó que esta petición se hizo debido a que Merlano fue condenada a 15 años de cárcel por delitos electorales y corrupción. Es por eso que, a su parecer, su curul en el Congreso no debería ser reemplazada por otro miembro del Partido Conservador.
"Merece una sanción de esa naturaleza. La silla vacía coincide plenamente con los impuestos de hecho y por eso hoy hemos justificado ante la Corte Suprema de Justicia que se le imponga esta sanción", insistió.
Debate para acabar con el Inpec
En medio del anuncio, el procurador Carrillo aprovechó para hablar sobre la propuesta que han hecho algunos para acabar con el Inpec, con el fin de "mejorar la crisis del sistema carcelario de Colombia".
Indicó que el país tiene un debate pendiente para analizar la situación.
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"Aquí no es únicamente la eliminación del Inpec lo que está de por medio o la eliminación de sus sindicatos. Hay que reflexionar sobre la voluntad política que tenemos para pensar en una reforma integral y transversal del sistema penitenciario (...) ese es un debate absolutamente pendiente", dijo.
La insólita fuga
La Corte Suprema de Justicia condenó a Aída Merlano por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia ilegal de armas.
Hacia las 11:00 a.m. de este martes 1 de octubre, la excongresista fue trasladada hacia un centro médico ubicado en la calle 119 con carrera Séptima de Bogota, con el fin de hacerse un diseño de sonrisa.
Hacia las 3:00 de la tarde, la mujer huyó del lugar. Con ayuda de una cuerda roja, se bajó desde el tercer piso del edificio y se subió a la moto de un sujeto, para así escapar hacia rumbo desconocido.
Decisiones de la Procuraduría
Por este caso el Ministerio Público ya ha tomado varias decisiones. El miércoles anunció que, con base a las evidencias recopiladas, ordenó la apertura de investigación correspondiente y suspendió por tres meses a ocho funcionarios de la cárcel El Buen Pastor, donde Merlano permanecía recluida.
Entre los trabajadores suspendidos están: la directora, la subdirectora y el comandante de custodia y vigilancia del centro penal.
