El texto firmado reemplaza al acuerdo mediante el cual se estableció la Oficina en Colombia, que había sido celebrado en 1996 y cuyo término expiraba este año. El nuevo acuerdo es el producto de una negociación adelantada a lo largo de los últimos meses entre representantes del Gobierno Nacional y de la Oficina de la Alta Comisionada.
La negociación estuvo regida por dos criterios fundamentales: renovar el compromiso de Colombia con la promoción y la defensa de los Derechos Humanos mediante una estrecha colaboración con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos; y actualizar las disposiciones del Acuerdo de 1996, para que su contenido sea acorde con la realidad actual del país.
En efecto, en su parte preambular, el nuevo Acuerdo reconoce “que el Gobierno de Colombia mantiene una política de cooperación y colaboración con los mecanismos internacionales de derechos humanos” y registra “que, en consideración a desarrollos tales como la vinculación de Colombia a los principales instrumentos internacionales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas; los avances para la formulación de un Plan Nacional de Derechos Humanos; el enfoque transversal de una cultura de respeto y promoción en materia de derechos humanos a través de estrategias, planes y programas; y la firma, el 24 de noviembre de 2016, del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, así como la celebración del presente instrumento, el Gobierno renueva su compromiso de mantener la presencia de la Oficina en el país”.
En el Acuerdo se definen los términos de funcionamiento de la Oficina de la Alta Comisionada en Colombia; se describe su mandato, de conformidad con las disposiciones contempladas en la Resolución 48/141 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; se enuncian las funciones que ejecutará y se consagra un régimen integral sobre privilegios e inmunidades que el Gobierno, en representación del Estado Anfitrión, otorgará a la Oficina, a su personal y a sus locales auxiliares, de conformidad con lo previsto en la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946.
Entre las nuevas funciones que se derivan del Acuerdo suscrito, se destaca la de “Alentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas institucionales en materia de derechos humanos, incluido el impulso de la cooperación de Colombia con otros países, en temas como la elaboración, implementación y seguimiento de Planes de Acción en materia de derechos humanos, la elaboración de indicadores de derechos humanos y el desarrollo de portales electrónicos para la difusión y sistematización de recomendaciones de mecanismos internacionales, entre otros”.
Asimismo, se recogen en el nuevo Acuerdo de manera detallada aquellas tareas que le fueron encomendadas a la Oficina por el Acuerdo Final con las FARC y que la Oficina ha venido desarrollando como parte de la implementación del mismo.
El texto acordado constituye una base sólida para lo que será una nueva etapa de relacionamiento entre el Estado colombiano y la Oficina de la Alta Comisionada. El Ministerio de Relaciones Exteriores agradece profundamente la disposición y el profesionalismo de los representantes de la Alta Comisionada, así como el liderazgo de la señora Michelle Bachelet a lo largo del proceso de negociación, que culminó exitosamente en el día de hoy.
