El Gobierno Nacional radicó para consideración del Congreso de la República el proyecto de ley de aprobación del Acuerdo de Escazú, firmado ante la Organización de Naciones Unidas en diciembre pasado. El acuerdo busca garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno.
El proyecto de ley, impone obligaciones en cuanto a la generación y divulgación de información ambiental, sistemas de información, acceso a la justicia en asuntos ambientales y participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación.
Los Ministerios que tienen injerencia en la ratificación del acuerdo son: Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y del Derecho, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Cultura, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
“Esperamos que el Congreso de la República acompañe por unanimidad esta iniciativa del Gobierno con la cual no solo materializamos la voluntad de diversos sectores sociales y de nuestras comunidades, refrendado en el marco de la Mesa de Medio Ambiente de la Gran Conversación Nacional inaugurada el pasado 28 de noviembre de 2019, sino que acogemos un tratado internacional muy importante para América Latina y el Caribe”, expresó el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano.
¿En qué consiste?
El objetivo principal es garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicias en este mismo campo.
A la fecha ya lo firmaron 22 países, de los cuales 9 ya lo ratificaron (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay); y están pendientes de ratificación 13 países (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, HaitÍ, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía).
¿Por qué Colombia ratifica este acuerdo?
El Gobierno decidió suscribir este instrumento para fortalecer los mecanismos existentes y ratificar su compromiso con la democracia ambiental, la defensa de los derechos humanos y la promoción del desarrollo sostenible
En este sentido resulta prioritario el fortalecimiento de sus políticas internas y la consolidación de mecanismos efectivos que permitan a los ciudadanos el goce de los derechos ya reconocidos. Por lo anterior, se espera que la suscripción del Acuerdo se sume a los esfuerzos que se adelantan para fortalecer la efectividad de la estructura normativa e institucional vigente en la materia.
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De igual manera, el acuerdo ayuda a la promoción de la educación, el acceso a la información y la participación activa de la ciudadanía en asuntos ambientales en el marco de instrumentos tales como el Acuerdo de París, el Convenio de Diversidad Biológica y el Pacto de Leticia, entre otros relacionados.
El acuerdo estará abierto a la firma de los países de América Latina y el Caribe por un periodo de dos años, a partir del 27 de septiembre de 2018 y hasta el 26 de septiembre de 2020 y entrará en vigor con la ratificación por parte de 11 Estados.
