El asesinato de Sara Millerey González Borja, una mujer trans de 32 años, ha conmocionado a Colombia, un país que, lamentablemente, se enfrenta a un preocupante incremento de la violencia contra la población LGBTIQ+.
El brutal crimen de Sara se suma a una alarmante cifra de mujeres trans asesinadas en 2025, lo que ha encendido las alarmas en diversas organizaciones sociales y ha desatado una ola de indignación.
Un crimen atroz
Sara Millerey fue encontrada el pasado 4 de abril, con el cuerpo fracturado y arrojado en una quebrada del municipio de Bello, en Antioquia.
Según su madre, en un desgarrador relato, su hija fue agredida y lanzada al afluente tras una feroz golpiza. A pesar de que fue rescatada por transeúntes y autoridades, la mujer trans murió al día siguiente debido a las graves lesiones y las infecciones provocadas por el agua contaminada de la quebrada.
“Eso no se le hace a nadie, eso es injusto. Pido que se haga justicia porque la muerte de ella no tenía por qué haber sido así, tan horrible. No tienen perdón de Dios los que hicieron eso”, expresó su madre, quien no ha dejado de exigir justicia por el crimen de su hija. La brutalidad del asesinato ha impactado profundamente a la sociedad, generando una condena generalizada hacia el ataque.
Sara Millerey vivió gran parte de su vida en situación de vulnerabilidad. Según Harley Córdoba Rodríguez, codirector de Derechos Humanos de la Alianza Social LGBTI de Antioquia, Sara trabajó en ventas informales y, en algún momento, en el trabajo sexual, una de las actividades más peligrosas para las personas trans en Colombia. A pesar de los obstáculos, la mujer encontró refugio en el apoyo de su familia y sus amigos cercanos, quienes la describen como una persona generosa y alegre.
De acuerdo con testimonios de amigos cercanos, Sara había encontrado una habitación donde residir con la ayuda de su madre en el barrio El Cóngolo, en Bello. Sin embargo, su vida terminó trágicamente a manos de agresores cuya identidad aún se desconoce. La fiscalía continúa investigando el caso, aunque aún no hay avances claros sobre los responsables del asesinato.
Un problema sistémico: la violencia hacia las personas trans
Este asesinato no es un caso aislado. La violencia contra las personas trans ha ido en aumento en Colombia, un fenómeno que organizaciones LGBTIQ+ han venido denunciando con urgencia. Según cifras del Ministerio de la Igualdad, en 2025 ya se han registrado 24 asesinatos de mujeres trans en el país, lo que representa un promedio de una muerte cada tres días.
Antioquia es el departamento con más casos de violencia contra personas LGBTIQ+, con 13 de los 24 crímenes documentados en lo que va del año. El caso de Sara se suma a una larga lista de ataques transfóbicos, y pone en evidencia el peligro que enfrentan las personas trans en el país, especialmente las mujeres trans, quienes, históricamente, son las más afectadas por la violencia de género.
Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, una organización defensora de los derechos de las personas LGBTIQ+, ha alertado sobre el aumento de los crímenes contra esta comunidad: “La diversidad nos está costando la vida. Nos preocupa la alta afectación de este delito hacia las mujeres trans, quienes están en mayor riesgo debido a los discursos transfóbicos que se están posicionando en el mundo y en el país”.
Las autoridades de Bello y la Gobernación de Antioquia han ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables del asesinato de Sara. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, el caso sigue sin esclarecerse completamente.
Mientras tanto, organizaciones sociales han convocado jornadas de protesta y velatones en Bogotá y Medellín para exigir justicia por el crimen de Sara. Estas manifestaciones buscan visibilizar la violencia contra la comunidad trans y presionar por una respuesta efectiva de las autoridades.
Una llamada a la acción
El asesinato de Sara Millerey es un recordatorio de la constante vulnerabilidad en la que viven las personas trans en Colombia, donde la transfobia sigue siendo un problema arraigado en diversas esferas sociales. Este caso es solo uno de los muchos que ilustran la urgente necesidad de políticas públicas efectivas para proteger a esta comunidad y erradicar la violencia basada en la identidad de género.
Como sociedad, es imperativo alzar la voz y exigir que crímenes como el de Sara Millerey no queden impunes. La justicia no solo debe ser una respuesta ante el dolor de las víctimas, sino también un compromiso para garantizar que todas las personas, independientemente de su identidad de género, puedan vivir libres de violencia y discriminación.
