La Procuraduría General anunció este viernes que no permitirá que el Gobierno use dinero del erario público para pagar una millonaria deuda que tiene con los bancos el consorcio Ruta del Sol II, cuyo controlante es la multinacional brasileña Odebrecht.
"Los colombianos no deben soportar ninguna carga fiscal adicional por el caso Odebrecht, como Procuraduría nos oponemos", dijo el procurador general de la nación encargado, Juan Carlos Cortés González.
El pasado miércoles el Gobierno colombiano anunció que asumirá el pago de 1,2 billones de pesos (376 millones de dólares) de la deuda total a los bancos que tiene el consorcio Ruta del Sol II, que construía una compleja red de carreteras para conectar el interior del país con la Costa Caribe (norte).
El Gobierno prevé lograr un acuerdo con siete bancos y pagar la deuda de capital, de manera tal que le sean descontados los intereses.
La decisión del Gobierno se conoció luego de que la Superintendencia de Transporte anunció la disolución de la Concesionaria Ruta del Sol II, controlada por las firmas colombianas Solarte y Corficolombiana, junto con Odebecht, con el fin de "aprovechar su patrimonio para cumplir con las obligaciones financieras y evitar el detrimento de sus acreedores".
La disolución obedeció a la imposibilidad de la sociedad para seguir desarrollando el contrato debido y a la situación crítica que vive la compañía.
"Ante el caso más grave de corrupción en la historia del país, cualquier pago que se realice a concesionarios y contratistas de la Ruta del Sol II tendrá que sujetarse a las decisiones judiciales", agregó Cortés González.
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La Procuraduría inició una vigilancia al proceso tras considerar que el anuncio de la Superintendencia de Transporte se conoció 13 días antes de que un Tribunal de Arbitramento resuelva si declara nulo el contrato por el escándalo de sobornos que compromete a la constructora Odebrecht.
"A juicio del Ministerio Público decisiones de pago en estos momentos ponen en riesgo la efectividad del fallo de la acción popular que promovió la Procuraduría, donde la concesionaria y sus sociedades principales fueron condenadas al pago de 800.000 millones de pesos (250 millones de dólares) y a una inhabilidad de 20 años", agregó la Procuraduría.
Colombia es uno de los 12 países de América y África en los que Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos para beneficiarse con la adjudicación de contratos de infraestructura, lo que hacía desde finales de los años 80, pero para la cual creó en 2010 una división denominada "Sector de relaciones estratégicas".
La multinacional brasileña habría pagado hasta 84.000 millones de pesos (unos 29 millones de dólares) en coimas en Colombia para beneficiarse con la adjudicación de contratos.
Según la Fiscalía General, en el país se investigan más de 100 contratos relacionados con Odebrecht, se han abierto investigaciones a más de 170 personas, 20 personas más permanecen privadas de la libertad, 16 están en juicio y siete han sido condenadas.
