KienyKe.com le sigue la pista a una investigación que adelanta actualmente la Contraloría General por unas presuntas irregularidades que podrían desencadenar en un nuevo escándalo de corrupción en el sector salud y que involucrarían a importantes entidades del país.
El órgano de control abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $17.986 millones, debido a las anomalías que encontró en el pago de los recobros de un medicamento de alto costo llamado Vimizim, utilizado para tratar el Síndrome de Morquio, una de las miles enfermedades huérfanas que existen en el mundo.
El Ministerio de Salud define este tipo de enfermedades como aquellas crónicamente debilitantes, graves -generalmente de causa desconocida- que “amenazan la vida, con una prevalencia menor de 1 por cada 5 mil personas”.
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El Síndrome de Morquio es una de esas 2.197 enfermedades huérfanas que paga el Estado colombiano. Son tratadas con medicamentos de alto costo para el Sistema General en Salud, pueden costar hasta $1.200 millones de pesos al año por paciente.
Biomarin es el laboratorio que produce e importa al país el medicamento. De acuerdo con la Contraloría, este es comercializado a través de Audifarma, su distribuidor exclusivo, que a su vez lo aplica a los pacientes por intermedio de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
El Laboratorio de la Universidad de los Andes es el que se encarga de hacer el diagnóstico confirmatorio de la enfermedad. De acuerdo a una fuente de la Contraloría consultada por KienyKe.com, este se beneficiaría directamente por el laboratorio que produce la molécula.
Existen méritos suficientes
Este proceso de responsabilidad fiscal arrancó después de que un ciudadano interpuso una queja en la que indicó que, desde que llegó ese medicamento al país, la cifra de pacientes con Síndrome de Morquio tuvo un incremento exponencial. Del 2016 al 2017 el registro subió de 27 a más de 70 pacientes.
“En Colombia tenemos actualmente 210 casos de ese tipo de enfermedad. Es una cifra que está por encima de la cifra mundial. La persona que denunció también dijo que habían pacientes inexistentes y que podría existir una posible cartelización dentro de ese sistema”, dijo la fuente.
La entidad fiscalizadora inició la verificación de la información porque la denuncia llamó la atención. Lucy Osorno, contralora delegada anticorrupción, fue la que dirigió el proceso, visitó a Empresas Prestadoras de Salud (EPS) en todo el país, otras entidades y personas con este tipo de enfermedad.
Tras más de seis meses de investigación se llegó a la conclusión de abrir un proceso de responsabilidad fiscal, pues la Contraloría consideró que existen méritos suficientes para seguir con el caso.
Cuatro irregularidades
El ente de control evidenció la existencia de por lo menos cuatro irregularidades en el pago de los recobros de este medicamento de alto costo.
Señaló que la Administradora de Recursos para la Seguridad Social (Adres) y algunas entidades territoriales pagaron, al parecer, por la aplicación del Vimizim a pacientes “sin tener certeza de la existencia de la enfermedad”, es decir, sin tener el diagnóstico confirmatorio exigido por la ley.
El daño patrimonial cuantificado por este hecho sería de $7.363 millones.
Como presuntos responsables fiscales fueron vinculados los directores de la Adres (del 2016 a la fecha), los departamentos -y algunos funcionarios- de Quindío y Caldas en calidad de pagadores, y como recobrantes las siguientes EPS:
Asociación Indígena del Cauca AIC-EPS-I, Medimás EPS (S.A.S), EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A Sura, Nueva Empresa Promotora de Salud EPS S.A., Famisanar EPS, Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiaria Comparta EPS-S y Cafesalud E.P.S.
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Otra de las irregularidades que halló la Contraloría es el presunto pago del medicamento Vimizim sin que efectivamente se hubiera aplicado a los pacientes.
El daño patrimonial sería de $3.154 millones. Por este hecho fueron vinculados como presuntos responsables el departamento del Cauca y la EPS Asociación Mutual La Esperanza (Asmed Salud).
La Contraloría también mencionó que se establecieron diferencias entre la cantidad del medicamento aplicado a los pacientes y la cantidad pagada por algunas EPS, con lo que se evidenció que se pagó más de lo que se realmente se aplicó.
El Distrito Capital de Bogotá, los departamentos de Nariño, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, y la Adres fueron vinculados como presuntos responsables en calidad de pagadores.
Capital Salud EP-S S.A.S, Entidad Promotora de Salud Mallamas EPS-I, Nueva Empresa Promotora de Salud EPS S.A., Asociación Mutual La Esperanza (Asmed Salud), Coosalud EPS-S, Nueva Empresa Promotora de Salud EPS S.A., Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiaria Comparta EPS-S, Coomeva EPS S.A., Salud Total Entidad Promotora de Salud S.A., Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S., Famisanar EPS y Comfenalco Valle fueron, por su parte, vinculados en calidad de recobrantes.
La última irregularidad se relaciona con el pago por recobro del Vimizim “suministrados a pacientes inexistentes”. La Contraloría indicó que el daño patrimonial está cuantificado en la suma de $887 millones y que, por estos hechos, fue vinculado como presunto responsable el Instituto Departamental de Nariño.
Después de la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, la entidad le dará paso a las versiones libres de los implicados para definir si cometieron la falta o no.
