Daniel Quintero, alcalde de Medellín entre 2020 y 2023, interpuso una denuncia penal contra el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, por el delito de prevaricato por las presuntas irregularidades que se cometieron en la ejecución del contrato relacionado con el lote Aguas Vivas, un terreno de 147.000 metros cuadrados ubicado en una zona exclusiva de la comuna El Poblado.
En el año 2019, la Subsecretaría de Central Urbanístico valoró el lote en 44 mil millones de pesos. No obstante, la celebración del contrato se dio 4 días antes de que terminara el mandato de Federico, el 27 de diciembre de 2019, en aparente violación de la normativa vigente, toda vez que el negocio se fundamentó en el Decreto 2502 de 2019, publicado en gaceta el 31 de diciembre de 2019, es decir no estaba vigente al momento de la suscripción del contrato mediante escritura pública, no se cumplían los requisitos legales ni los principios de la contratación Estatal.
Lo más polémico de esta situación es que el actual alcalde de Medellín afirmó públicamente, y de manera descarada que el predio había sido adquirido por solo 2.700 millones de pesos. Presuntamente, Gutiérrez logró que obligaciones urbanísticas por 48 mil millones de pesos no ingresaran al fondo estatal, sino a cuentas privadas. Este hecho habría beneficiado también a constructores que, en lugar de pagar las obligaciones al Estado, las canalizaron hacia manos privadas, determinando el mismo Consejo de Estado que el objeto del contrato era ilícito.
Este escándalo plantea serias dudas sobre la transparencia y la ética en la administración pública de Medellín. ¿Cómo es posible que un bien público de tal magnitud haya sido negociado a espaldas de los ciudadanos y en beneficio de intereses privados? Un hecho de presunta corrupción al que Federico ha intentado darle un giro, incriminando a la administración de Daniel Quintero sin causa alguna, maniobra que busca desviar las verdaderas irregularidades y los malos manejos del patrimonio público que ha venido realizando.
Siendo importante mencionar que el caso del lote Aguas Vivas, fue solo una alarma que dio pie a descubrir lo que se ha denominado “el cartel de los lotes” pues, Federico en la alcaldía de Medellín presuntamente se dedicó a elevar el costo de lotes como Guacharacas, La Volcana, valorados entre 2 y 3 mil millones de pesos, que fueron recibidos por el fondo inmobiliario por 40 y 60 mil millones de pesos, enriqueciendo funcionarios, contratistas a consta del desfalco a lo que hoy es el Distrito de Medellín.
Las jugaditas de Federico, sus evasivas y falta de claridad en los derechos de petición que hemos presentado con el propósito de esclarecer la verdad y salvaguardar el patrimonio del Distrito, han dejado clara su falta de transparencia en las contrataciones efectuadas. Un claro ejemplo de esto es el programa “Cero Hambre”, donde presuntamente se configura un beneficio a privados mediante alianzas, negándose a revelar los valores de la contratación.
Una alcaldía que se ha dedicado a desatender las necesidades reales del Distrito, las basuras, robos, homicidios, y la impunidad frente a delitos sexuales. Además, se ha enfocado en encubrir y ocultar sus desfalcos, con una clara intención de privatizar el patrimonio del Distrito. Esta tendencia se hace cada vez más evidente con el proyecto que presento ante el Consejo de Medellín para vender las acciones de Empresas Públicas de Medellin (EPM) en Tigo Une.
Esperamos que los entes de control tomen las medidas necesarias para esclarecer y salvaguardar el futuro de Medellín, y que la Fiscalía General de la Nación atienda con eficacia y celeridad la denuncia presentada por Daniel Quintero. ¡Medellín No se Vende!
