La lucha contra el hambre y la promoción de una alimentación digna para todos los colombianos, es sin dudas, el reto más grande que tenemos como país.
Aunque en los últimos años hemos logrado avances notables en el marco de la Agenda 2030, aun existen grandes retos para erradicar el hambre. Todavía estamos lejos de cumplir con la meta de reducir la tasa de mortandad infantil por desnutrición, la cual se sitúa en 8 por cada mil niños.
Si bien el avance general de la agenda 2030 nuestro país ha alcanzado un 60% de progreso superando el promedio mundial (58%) y el regional (58,5 %), el panorama regional no es el más alentador. De los 18 países de América Latina y el Caribe, solo El Salvador ha mostrado un avance moderado en la lucha contra el hambre, mientras que naciones como Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela han empeorado sus indicadores. El resto de la región, aunque mantiene un ritmo estable, no ha logrado avances significativos. Esto subraya la urgencia de redoblar nuestros esfuerzos tanto a nivel nacional como regional.
En cuanto a la ejecución del presupuesto destinado al Derecho Humano a la Alimentación, el cual a la fecha solo lleva un 14%, sumado al recorte de 85 mil millones de pesos al presupuesto, mediante el Decreto 766 de 2023, hemos sido críticos desde un principio sobre la necesidad de destinar mayores recursos para garantizar que la familias cuenten con sus tres comidas diarias. Durante las discusiones del presupuesto nacional para 2024, alertamos al Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, sobre la insuficiencia de los recursos asignados, apenas 3,1 billones de pesos, que representan un escaso 3% del presupuesto de inversión.
En este contexto, enfrentamos dos grandes retos. Primero, asegurar la disposición y ejecución efectiva de los recursos. No podemos permitir que esta lucha se quede en el terreno de las ideas. Debemos traducir nuestros compromisos en acciones concretas; segundo, aterrizar la implementación real y efectiva de las políticas y alianzas que hemos establecido en la materia, como la Alianza Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria.
Desde el Congreso, he impulsado la Ley 2380 de 2024, que incrementa los incentivos para la donación de alimentos a bancos de alimentos. Sin embargo, este es solo el comienzo. Nuestra meta es clara, asegurar que los 1.6 millones de colombianos que hoy no comen uno o más días puedan hacerlo, y que los 13 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria puedan superarla.
Estamos trabajando en colaboración con el sector privado, los bancos de alimentos y las entidades territoriales para aumentar la cantidad de alimentos disponibles para la población vulnerable. Además, desde el Legislativo, seguimos avanzando en la inclusión del derecho a una alimentación adecuada en la Constitución, Proyecto de Ley que estamos liderando desde el partido de la U, y que ya va para su tercer debate en la Comisión Primera del Senado. De igual manera, también estamos promoviendo una gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, aspectos clave que serán discutidos en el marco de la Reforma Agraria.
Hagamos de esta causa una prioridad, comprometámonos a identificar las oportunidades donde los excedentes de alimentos que hoy se están pudriendo y desperdiciando puedan ser distribuidos en las comunidades más vulnerables. Este esfuerzo requiere la cooperación de todos, y es por eso, que hago un llamado a seguir trabajando juntos para que Colombia se convierta en un ejemplo en la lucha contra el hambre en América Latina. Estoy convencida de que sí es posible vencer los obstáculos y avanzar hacia una Colombia sin Hambre.
