La política tradicional en Colombia es un lastre para el avance del país. La prevalencia del clientelismo y las maquinarias políticas han sido responsables de la profunda crisis institucional que enfrentamos. Las fuerzas políticas tradicionales han perpetuado un sistema donde los intereses personales y la corrupción prevalecen sobre el bien común. Desde el fin del Frente Nacional en los años 70, los problemas de carestía y hambre siguen siendo una constante en nuestro país, evidenciando la incapacidad de los políticos tradicionales para abordar las necesidades reales de la ciudadanía. En lugar de utilizar el poder del Estado para generar bienestar, lo han convertido en un instrumento para hacer negocios y mantener sus privilegios.
La alternativa a esta forma corrupta de hacer política es abogar por la transparencia, la participación y el enfoque en el progreso del país y la creación de oportunidades. Contrario a las estrategias maquiavélicas que han caracterizado a los políticos tradicionales, debe buscarse el rompimiento de las viejas prácticas que perpetúan la desigualdad y la pobreza. Se requiere una visión de país que se centre en la creación de políticas públicas que prioricen el bienestar de la ciudadanía y promuevan una distribución justa de los recursos.
La persistente crisis económica y social en Colombia, marcada por el desempleo, la falta de inversión y la creciente desigualdad, es un testimonio del fracaso de la política tradicional. A pesar de las promesas y los cambios de administraciones, el modelo clientelista sigue siendo una constante que erosiona la confianza en las instituciones y limita las oportunidades para el desarrollo del país. La corrupción o abuso de poder, la utilización indebida de los recursos públicos y la falta de una visión a mediano y largo plazo han dejado a Colombia en una situación precaria.
En este contexto, el presidente Gustavo Petro, quien se ha vendido como una alternativa al status quo, ha mostrado tendencias autoritarias preocupantes. Su gobierno ha desestimado las formas democráticas y ha promovido la idea de convocar una constituyente basada en el acuerdo de paz, una maniobra que más parece un intento de acumular poder que de buscar una verdadera transformación social.
Petro socava las bases de nuestra democracia con inestabilidad institucional, pero la extrema derecha tampoco es una solución viable. Sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, además de su desprecio por la institucionalidad democrática, la convierten en una opción peligrosa. La historia reciente de Colombia está llena de ejemplos en los que estos grupos han exacerbado la violencia y la corrupción, afectando profundamente la vida de los colombianos y debilitando —al igual que Petro— nuestras instituciones.
La política en Colombia necesita una renovación profunda. El clientelismo, la corrupción y las prácticas autoritarias deben ser reemplazados por la participación ciudadana, el respeto por el Estado de derecho y el orden. El camino hacia una Colombia mejor pasa por la consolidación de una democracia robusta, en la que la voz de todos los ciudadanos sea tenida en cuenta y donde las instituciones actúen con integridad y eficiencia. Solo así podremos superar la crisis institucional y económica que nos afecta y construir un país donde todos tengan la oportunidad de prosperar. La tarea es ardua, pero con compromiso y visión, es posible lograr una transformación duradera.
