Imaginemos por un momento que en pleno siglo XXI, un menor de 14 años en Colombia todavía puede contraer matrimonio con una persona de 28 años con el permiso de sus padres. Parece un absurdo, ¿verdad? Pero, desafortunadamente, es una realidad. Según el artículo 53 de la Ley 1306 de 2009, la edad mínima para contraer matrimonio en Colombia es de 14 años, tanto para hombres como para mujeres, siempre y cuando cuenten con la autorización de sus padres. Este es un hecho que debería alarmarnos, y es por eso que hoy quiero hablar de dos proyectos de ley que buscan erradicar el matrimonio infantil en nuestro país.
El primero de estos proyectos, el 155 de 2023, propone modificar el artículo 116 del Código Civil, estableciendo que solo las personas mayores de 18 años tendrán capacidad para contraer matrimonio. Además, busca que cualquier matrimonio en el que uno o ambos contrayentes sean menores de 18 años sea considerado nulo.
Este cambio es fundamental, ya que la posibilidad de que un menor de edad se case con el consentimiento de sus padres abre la puerta a situaciones de explotación y abuso. De hecho, según Profamilia, el matrimonio infantil provoca graves consecuencias, como violencia sexual, traumas psicológicos y perpetuación de la pobreza, situaciones que afectan de manera irreversible la vida de los niños.
Sin embargo, uno de los puntos más polémicos de este proyecto es la creación del Programa Nacional de Atención Integral a Proyectos de Vida para niños, niñas y adolescentes, bajo la dirección del Ministerio de Igualdad y Equidad en coordinación con el ICBF. Aquí surge una duda importante: ¿por qué encargar este programa a un ministerio cuya existencia aún está en el aire debido a problemas legales con su creación? Este es un punto débil del proyecto que podría poner en riesgo la implementación efectiva del programa, dejando a muchos menores sin el apoyo necesario para desarrollar proyectos de vida dignos.
Vincular un ministerio cuya continuidad está en entredicho parece una jugada innecesaria que podría desestabilizar un programa tan crucial como este, y es un detalle que debe ser reconsiderado para asegurar que el apoyo a los menores no se vea comprometido, tal parece que este proyecto de ley tiene “mico” para favorecer a Francia Márquez.
El segundo proyecto de ley, el 164 de 2023, también busca prohibir el matrimonio entre menores de 18 años, proponiendo derogar el artículo 117 del Código Civil, que actualmente regula el consentimiento para el matrimonio en menores. Este proyecto va un paso más allá al crear una política pública encaminada a sensibilizar y divulgar las causas, efectos y consecuencias de contraer matrimonio o uniones maritales de hecho con menores de 18 años. A diferencia del primer proyecto, este tiene un enfoque más coherente y realista, al encargar al Ministerio de Educación, en conjunto con el ICBF y la Defensoría del Pueblo, la tarea de diseñar y ejecutar esta política pública. Este enfoque es mucho más sólido y tiene mayores probabilidades de éxito, ya que estas entidades tienen la experiencia y la infraestructura necesaria para llevar a cabo programas de sensibilización a nivel
nacional.
Lo que estos dos proyectos de ley revelan es una realidad preocupante: la falta de prioridad que se ha dado a la protección de los derechos de los menores en Colombia. Que hayan sido necesarios tantos intentos legislativos para prohibir el matrimonio infantil es una muestra clara de que, aunque los derechos de los niños y adolescentes sean una bandera recurrente en tiempos de campaña de congresistas y presidentes, en la práctica, han sido sistemáticamente ignorados.
Más allá de las cifras, debemos entender que el matrimonio infantil es, en esencia, una forma de violencia contra los menores. Según datos de UNICEF, entre 2010 y 2020, más de un millón de menores se han casado o han formado uniones maritales de hecho en Colombia. En 2023, se registraron más de 120 matrimonios con menores de 14 años, lo que indica que este problema está lejos de ser resuelto. No solo perpetúa la pobreza y limita las oportunidades de desarrollo de
los menores, sino que también es una forma legal para que muchas personas sean pederastas bajo la protección legal del Estado. La mayoría de estos matrimonios involucran a menores con personas que les llevan entre 7 y 8 años de diferencia, lo que aumenta la vulnerabilidad de los menores a la manipulación y el abuso psicológico.
Es urgente que la sociedad colombiana, y especialmente nuestros congresistas, tomen en serio la necesidad de erradicar el matrimonio infantil. No podemos seguir permitiendo que nuestros niños, niñas y adolescentes sean víctimas de un sistema que, en lugar de protegerlos, los pone en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. La
aprobación de estos proyectos de ley sería un paso crucial para avanzar en la protección de los derechos de los menores en Colombia. Pero no basta con aprobar leyes; es necesario que estas se implementen de manera efectiva y que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la importancia de proteger a nuestros menores.
Es hora de que, como sociedad, digamos un rotundo no al matrimonio infantil y a las uniones tempranas. Es hora de que nuestros niños, niñas y adolescentes sean tratados con la dignidad y el respeto que merecen, y que sus derechos sean protegidos de manera efectiva. No podemos seguir permitiendo que se les niegue la infancia y el futuro que merecen. La protección de los derechos de los menores debe ser una prioridad en todos los niveles de la sociedad, y es responsabilidad de todos nosotros asegurarnos de que así sea.
En Colombia, así como seguimos con pasión los partidos de fútbol, deberíamos estar igual de atentos al bienestar de nuestros niños. No solo a los que lleva nuestro apellido, sino a todos aquellos que dependen de un país que les debe protección y futuro.
