Las malas decisiones fiscales están apagando el motor de la economía, y en lugar de despejarse, el panorama se vuelve cada vez más incierto. Las políticas implementadas por el Gobierno no solo se han quedado cortas, sino que han generado una creciente desconfianza en los sectores productivos, afectando la inversión, el empleo y el desarrollo del país.
En 2022, advertimos desde el Congreso que los cambios tributarios tendrían consecuencias graves. Sin embargo, el Gobierno decidió imponer una carga impositiva excesiva sobre el sector de hidrocarburos y la minería, imponiendo sobretasas a la renta entre el 5% y el 15% en el caso del petróleo y del 5% y el 10% para la minería. Hoy, los efectos de esas decisiones son innegables: la inversión en el sector petrolero se ha desplomado en más del 70% en los últimos dos años y medio, lo que ha frenado el desarrollo de nuevos proyectos y ha generado una parálisis económica preocupante.
A esto se suma la incertidumbre jurídica. La falta de reglas claras y la constante hostilidad hacia el sector extractivo han hecho que muchas empresas se replanteen su permanencia en el país. Sin estabilidad normativa ni incentivos para la inversión, las compañías no pueden comprometerse con nuevos proyectos a largo plazo, lo que pone en riesgo el futuro energético y económico de Colombia.
Hemos dicho en múltiples ocasiones que la transición energética es necesaria, pero no puede improvisarse ni hacerse a las patadas. Lamentablemente, el Gobierno ha promovido esta transformación sin garantizar una hoja de ruta clara ni condiciones adecuadas para su ejecución. Mientras que los proyectos de energía eólica siguen sin despegar, apenas se ha avanzado con parques solares en algunas regiones, pero muchos de ellos son la continuidad de proyectos iniciados en gobiernos pasados. Esta falta de planificación ha dejado al país en una situación crítica, con problemas de autoabastecimiento de petróleo y gas, mayor dependencia de importaciones y un incremento en los precios de la energía y el gas.
El impacto de estas decisiones va más allá de las cifras macroeconómicas. Con el nuevo impuesto del 1% a la producción de petróleo y carbón, se sigue castigando a una industria que no solo genera ingresos para el país, sino que también proporciona empleos de calidad. El 78% de la mano de obra del sector de hidrocarburos es local, lo que significa que cuando esta industria se debilita, son las regiones productoras las que más sufren.
Además, el sector de hidrocarburos no funciona como otros mercados. Sus contratos son a mediano y largo plazo, con vigencias de hasta 10 años, por lo que las decisiones de hoy afectan la producción y el empleo durante la próxima década. Y los números no mienten: entre noviembre de 2022 y octubre de 2024, se cerraron 52 taladros en el país, lo que dejó sin trabajo a 28,600 personas. Esto no solo golpea el mercado laboral, sino que también incrementa la pobreza y la inseguridad alimentaria en muchas comunidades.
A pesar de este panorama, el Gobierno ha tratado de mostrar el crecimiento del PIB del 1,7% como un logro, cuando en realidad este aumento se debe a condiciones externas y no a un fortalecimiento de la capacidad productiva del país. Mientras otros países han adoptado estrategias para incentivar la inversión y el empleo, en Colombia seguimos viendo una política económica errática que genera incertidumbre y paraliza el crecimiento.
En este contexto, el desafío para los años que faltan de este gobierno es claro: Colombia necesita una reactivación para salir de este letargo que está frenando el crecimiento, pero para esto se necesita una mejor planificación, con escenarios claros, y dejar de generar sectarismo y satanizar a los sectores económicos. Se necesita certidumbre para poder crecer.
El Gobierno no puede seguir improvisando con la economía. No podemos darnos el lujo de perder nuestra capacidad productiva en sectores estratégicos mientras seguimos dependiendo de importaciones cada vez más costosas. Es urgente revisar la política fiscal y regulatoria para evitar que Colombia siga marchitando su futuro. Porque no se trata solo de hidrocarburos y minería; se trata del empleo, la seguridad energética y la estabilidad económica de millones de colombianos.
