El año 2025 comenzará con un desafío ineludible para el Gobierno Petro, en el que deberá demostrar su capacidad para corregir el rumbo económico, garantizar la sostenibilidad fiscal y cumplir con las promesas hechas a las regiones. La situación actual exige un viraje en la relaciones, donde el diálogo y las acciones efectivas devuelvan la confianza y permitan asegurar un futuro estable para el país, porque hay que tener siempre presente que los gobiernos son pasajeros, pero los Estados se mantienen.
La caída del proyecto de presupuesto y el fracaso de la Ley de Financiamiento dejaron al Gobierno Nacional en una posición crítica para el próximo año. Con un déficit de $12 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación y desfinanciado en cerca de $23 billones, más (según advirtió CARF). Este último se debe a que esperan que la DIAN recaude cerca de $28.6 billones, pero para el 2024 está visto que contrario a la eficiencia el recaudo estuvo marcado por caídas constantes frente al año 2023. Con corte a noviembre estuvo por debajo en 13.6% pero la cifra empeora cuando se contrasta con lo que tenía proyectado el gobierno de $315.86 billones para el 2024 de los cuales solo le había alcanzado $227.41 billones.
Y claro, el recaudo depende directamente del crecimiento económico, así que era absolutamente esperable la caída en el recaudo, sin embargo, no se puede perder de vista que la renta de personas naturales cayó en 18%, pese a que los cambios de la reforma tributaria de 2022 pronosticaba un aumento en el recaudo por ese impuesto. Como ya lo dije, el crecimiento es una variable fundamental cuando se proyectan los ingresos del Estado, para 2024 se espera que la cifra de crecimiento sea cerca al 2%. Si bien, esto representa una leve mejoría frente al año anterior, no podemos llamarlo un triunfo. En
2023 no crecimos (porque 0.6% no se puede llamar crecimiento) y aún estamos lejos de alcanzar un nivel que permita una verdadera recuperación económica.
Un reto adicional será analizar con cabeza fría la aprobación y vigencia del proyecto de Ley sobre la distribución del Sistema General de Participaciones (SGP), y de cómo podría afectar las decisiones del Banco de la República en el manejo de la economía. Aún hace falta la Ley que distribuye las competencias, así que habrá que ver cómo se distribuyen las responsabilidades a los gobiernos locales y si la plata que se les asignan alcanzará, pero una pregunta mayor es ¿cómo van a balancear la descentralización con el cumplimiento de la regla fiscal?
Tal y como están las cosas, hoy por la falta de recursos, programas sociales clave, proyectos de infraestructura y las transferencias que benefician a los más vulnerables se van a ver en peligro, lo que nos lleva a preguntarnos en ¿cómo va a lograr el gobierno sostener sus promesas? No solo por lo que fatídicamente han usado desde el gobierno nacional por lo $12 billones de la Ley de Financiamiento, sino porque entre 2022, 2023 y 2024 el Gobierno no aprovecho para avanzar y por el contrario se centró en aumentar la burocracia, que ha llevado a un incremento del 30% de los gastos de nomina.
Mientras tanto, el tiempo corre y las regiones enfrentan la posibilidad de ver paralizados proyectos fundamentales para su desarrollo. La falta de recursos limita las inversiones en educación, infraestructura y equidad social, mientras la economía nacional sigue esperando con urgencia estímulos y no recortes que profundicen la desaceleración.
Esta semana salió el decreto de presupuesto como era de esperarse, desvalanceado en $12 billones, pero aún así, el gobierno deberá rendir cuentas sobre la mala planeación, que particularmente en 2024 ha llevado a tomar decisiones como la de acabar con el programa”mi casa ya” dejando a más de 40.mil familias que no podrán acceder a las subsidios para hacerse a su casa. Esta vez el Gobierno no podrá excusarse en los $12 billones cuando tendrá un presupuesto de $511 billones para el 2025.
El 2025 será un año de ajustes, pero también de decisiones donde el gobierno debe pasar del discurso político en lo económico a la acción y empezar a implementar medidas reales, sostenibles y responsables, dejar a un lado la improvisación y dar paso a una verdadera planeación económica, con diálogo y responsabilidad. De lo contrario, el país no solo perderá el rumbo fiscal, sino también la esperanza de un futuro con oportunidades y bienestar para todos.
