El pulso entre el Gobierno Nacional y la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que causó revuelo tras las declaraciones de José Roberto Acosta, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, quien sugirió en los medios que Colombia podría enfrentar un posible default, lo que implicaría incumplir con los compromisos de pago de la deuda externa, fue una jugada que le salió mal al ejecutivo.
Fue tal el mal ambiente que creó el anuncio, que desde la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público tuvimos que salirle al paso para aclarar si la información presentada por el gobierno se trataba de una amenaza real para los acuerdos con la banca mundial, o si se trataba simplemente de una táctica para disfrazar la mala planeación financiera y eludir la responsabilidad fiscal por parte del Ejecutivo.
Es importante señalar que en ningún momento los congresistas que hacemos parte de la Comisión hemos querido ser el palo en la rueda, como lo quiso advertir el director de esa entidad o como lo sugirió el presidente Gustavo Petro cuando en su red social de X, donde acuso a la Comisión al señalar que la falta de esas sesiones frena los pagos de la deuda externa del país mediante “la táctica de inasistencia”.
Con esta actitud de parte del gobierno, pareciera más bien que quisieran deshacerse de la Comisión a la que contemplan de manera incomoda a la hora de tomar las decisiones. Y es que incluso el ministro de Hacienda advirtió que las decisiones de dicha Comisión no interfieren con nuevos compromisos y podrían seguir adelante con la solicitud de créditos y emisiones de bonos de deuda externa.
Todo este pulso se viene presentando por la solicitud del Ministerio de Hacienda de la aprobación de un crédito por más de 11 mil millones de dólares. Sin embargo, a renglón seguido, sigue quedando la incertidumbre sobre la destinación de estos recursos porque las cifras que han presentado sugieren que se requieren cerca de 5 mil millones de dólares para cubrir la deuda en 2024 y 2025, así que la pregunta es: ¿para qué aprobar más recursos si solo se requieren los 5 mil millones?. Esta cifra deja en evidencia las fallas en la planificación del Presupuesto General de la Nación, porque "una cosa es cubrir la deuda y otra es financiar la mala planeación.”
Es aquí donde como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público hemos dicho que no se puede aprobar un crédito para cubrir huecos fiscales derivados de una mala planeación. Además, porque al ver la ejecución de los créditos anteriormente aprobados, encontramos que la ejecución, como todos los recursos que está administrando el gobierno, va muy baja, incluso por debajo del 15%.
Lo que Colombia necesita es una planificación seria y responsable de las finanzas públicas, no más tácticas de distracción que encubran errores y malas decisiones. La amenaza de default, si bien es grave, parece ser más una jugada política que una realidad inminente y más porque el ejecutivo tiene plena decisión sobre la destinación de la caja, no es la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público la que decide. Sin embargo, y en aras de seguir manteniendo la institucionalidad de nuestro país, reitero que el riesgo de default, presentado como fachada para una crisis anunciada, no pude ser utilizado de instrumento de presión por un gobierno que está poniendo en juego su responsabilidad fiscal.
