El 2024 fue un año marcado por una tormenta económica que dejó al país con serios desafíos en múltiples frentes que tendrá que corregir para encausar la economía. La desaceleración productiva, el bajo recaudo fiscal y la ineficiencia en la ejecución presupuestal fueron los graves lunares de un problema más profundo que muestra la falta de planificación y claridad en el manejo de las finanzas públicas por parte del gobierno.
Los números no mienten. A lo largo del año, sectores clave como la industria, el comercio, la construcción se vieron seriamente afectados y tuvieron que enfrentar un fuerte oleaje, mientras que el desempleo y la informalidad siguen siendo desafíos estructurales sin respuestas efectivas. En lugar de implementar estrategias claras y sostenibles para estimular la productividad, el gobierno terminó priorizando medidas improvisadas que lo que hicieron fue profundizar más la crisis. Esto no solo afectó la actividad económica, también limitó la capacidad del Estado para cumplir con sus promesas y compromisos sociales.
Uno de los aspectos más alarmantes fue la caída en el recaudo tributario de 8.2% frente a 2023. En parte atribuible a factores externos, pero también a políticas desde el ejecutivo que desincentivaron la inversión privada, la formalización y apoyo al sector productivo. Así lo señalaron algunos especialistas que coinciden en que las reformas tributarias recientes, lejos de generar certidumbre, incrementaron la carga sobre los mismos sectores productivos de siempre alejando la inversión extranjera y reduciendo la competitividad. Esta falta de enfoque y de estimulo a los diferentes sectores ha creado un efecto de parálisis en la economía, afectando las exportaciones de Colombia hacia el mundo.
Mientras tanto, miles de millones de pesos se quedan sin ejecutar y engordando las fiducias, tal como lo advirtió la Contraloría General de la Nación a diciembre eran más de $24 billones. Esto es solo el reflejo de una baja ejecución presupuestal, en un país donde sectores como la salud, la educación y la infraestructura, siguen a la espera de soluciones urgentes, por lo que resulta inamisible que estos recursos no se utilicen en beneficio de los ciudadanos, lo que demuestra la incapacidad de un gobierno para gestionar eficientemente los recursos disponibles.
Desde el Congreso hemos insistido en la necesidad de adoptar una visión integral que priorice la reactivación productiva, fomente la confianza empresarial y garantice una ejecución eficiente del presupuesto. El estancamiento económico y la mala gestión fiscal no pueden convertirse en la norma. Colombia necesita una gobierno que asuma con seriedad el manejo de las finanzas públicas y desarrolle políticas económicas sostenibles que impulsen el crecimiento, generen nuevos empleos y permitan cumplir con las metas sociales que tanto necesita la población.
La economía no puede permitirse más parálisis. El momento de actuar es ahora. La improvisación tiene un costo, y ese costo lo están pagando los sectores más vulnerables. La ciudadanía merece políticas publicas sostenibles, es hora de que el gobierno deje de improvisar, porque además ya lleva 2 años y medio gobernando el país. En Colombia necesitamos un manejo responsable, coherente y transparente de las finanzas públicas que garantice un futuro con oportunidades reales para todos.
