Francesco Citarda piensa que las uvas en su viñedo siciliano hacen más que producir un vino excelente. En el Alto Belice Corleonés, una zona asediada por la presencia de la mafia, Citarda sostiene que los productos de su cooperativa pueden combatir la delincuencia organizada desde su raíz.
Es miembro fundador de la cooperativa La Placido Rizzotto Libera Terra. Produce alimentos con sus tierras de cultivo, su bodega y sus olivares y gestiona el agroturismo, una granja que recibe a turistas. Y todo ello en una exuberante finca de 250 hectáreas que el gobierno le confiscó a la delincuencia organizada.
La cooperativa, creada en 2001, fue la primera de nueve de la red Libera Terra (tierra liberada). La red comparte conocimientos y recursos entre sus cooperativas y ahora emplea a unas 170 personas.
Citarda afirma que La Placido Rizzotto ha traído el cambio, en una región donde la mafia domina en la esfera social y económica, sin prestar atención al desarrollo local ni los derechos de los trabajadores.
Los miembros de la cooperativa rehabilitaron las tierras y las propiedades que quedaron en ruinas después de que el gobierno se las arrebató a los grupos delictivos. La cooperativa creó vínculos con la población local y consiguió créditos para, en última instancia, generar una serie de resultados productivos. Y lo han hecho sabiendo que la mafia es sospechosa de intimidar yatacar de manera rutinaria a otras cooperativas similares.
“Hemos demostrado que incluso en los contextos más difíciles en los que operamos se puede elegir”, afirmó Citarda.
Las leyes italianas permiten la reutilización social, aunque no la venta, de las propiedades incautadas a las personas condenadas por su participación en la delincuencia organizada. Una vez confiscadas las propiedades, pueden ponerse a disposición de los grupos que deseen pujar por ellas. Libera Terra (que forma parte de la organización antimafia Libera) ayuda a los grupos a presentar licitaciones. Tras ganar una licitación, capacita y orienta a las cooperativas gestoras.
Las nueve cooperativas de Libera Terra —que obtuvieron ingresos de cerca de 8,3 millones de dólares en 2019— son parte de los cientos que utilizan propiedades confiscadas en Italia. Otros países también recurren a la reutilización social; por ejemplo, en 2018 la Unión Europea financióuna panadería dirigida por residentes de Albania en un inmueble confiscado. Su objetivo era enviar el mensaje de que lo que se roba a la sociedad puede y debe devolverse.
Todos los gobiernos pueden confiscar las propiedades de la delincuencia organizada, aunque la manera en que lo hacen varía. Sin embargo, la confiscación de propiedades no suele ser un problema, sino su gestión.
El modelo de Libera Terra se ocupa de eso. Es una manera de reutilizar las propiedades confiscadas para redistribuir la riqueza a nivel local, mediante la creación de puestos de trabajo para los habitantes de la zona, muchos de los cuales tenían pocas alternativas además de trabajar para la mafia. Citarda considera que se trata de una modalidad muy visible y simbólica de justicia social.
La cooperativa de Citarda cuenta ahora con nueve miembros y emplea a 22 trabajadores permanentes y estacionales de la zona. Solo utiliza métodos de cultivo orgánicos y ecológicamente sustentables. Su trigo, garbanzos y uvas generaron una facturación de unos 890.000 dólares en 2019.
Los socios de la cooperativa obtuvieron la licitación para utilizar la propiedad y luego tuvieron que ganarse la confianza de la recelosa población local para transmitir su visión del respeto a la tierra, los trabajadores y el producto final.
Citarda afirma que revivir los campos en barbecho y los edificios en ruinas fue un gran reto. Sin embargo, añade: “El objetivo es demostrar el valor y la importancia de la reutilización social de los bienes confiscados para el renacimiento de territorios enteros”.
Resulta difícil cuantificar el impacto que tiene en la mafia la reutilización social, en lugar de la sola confiscación. Sin embargo, los presuntos intentos de los grupos criminales para intimidar a la gente que dirige las cooperativas son un ejemplo de su actitud hacia ellas.
Libera publicó una investigación sobre la reutilización de cerca de 800 propiedades confiscadas en toda Italia, que constata que beneficia el desarrollo regional y el empleo, en especial para los jóvenes.
“Libera hace un gran trabajo”, afirma Michele Riccardi, investigador principal de Transcrime, en la Università Cattolica del Sacro Cuore. “Sus productos son bien conocidos y de muy alta calidad”.
“En Italia, la confiscación de activos ha sido el instrumento más poderoso de los últimos 30 a 35 años contra la mafia, como una organización lucrativa y orientada al poder. Cuando se atesta un golpe a los beneficios y las ganancias de estos grupos criminales, se les perjudica bastante”.
Libera comparte conocimientos con otra organización antimafia, la Fundación Alameda, de Buenos Aires. La fundación ayudó a crear un proyecto similar, un espacio con maquinaria confiscada de talleres textiles ilegales, llamado Centro Demostrativo de Indumentaria de Barracas. Las personas que antes estaban atrapadas en talleres ilegales trabajan allí en cooperativas. El objetivo es que los grupos se establezcan y, con el tiempo, se trasladen a sus propios locales, para dejar el espacio a otros que necesitan la maquinaria y la orientación para empezar a producir.
Shirley Ramos, boliviana, fue a Argentina con la promesa de un buen trabajo en un taller, pero, cuenta: “Descubrí que era inseguro y esclavizante”. Trabajó 16 horas diarias durante un año allí. Los jefes le retuvieron el pasaporte y amenazaron con deportarla.
“No conocía las leyes argentinas y no contaba con la tecnología disponible para informarme”, comentó Ramos.
Las autoridades descubrieron que el propietario no pagaba a los trabajadores y cerraron el taller. Decenas de trabajadores se reunieron para formar la Cooperativa 9 de Diciembre y se les dio un espacio en el centro de Barracas.
Ramos comenta que al principio fue difícil conseguir que los socios de la cooperativa tuvieran el mismo compromiso y responsabilidades. Tuvieron que aprender de sus errores. Ahora votan por un consejo de administración y hay un reglamento interno que todos los socios deben cumplir.
Ramos lleva varios años trabajando en la cooperativa confeccionando ropa al por mayor en condiciones justas. Dice que el trabajo es difícil, pero que la cooperativa está creciendo.
“La cooperativa es muy importante para mis compañeros y para mí, por todo lo que ha pasado. Hemos creado una cooperativa eficiente y productiva y los empresarios ya no nos explotan”, comentó Ramos.
Lucas Manjon, quien encabezó las investigaciones de la Fundación Alameda, argumenta que dar empleo de inmediato reduce la vulnerabilidad de los trabajadores. De lo contrario, dice, “podrían volver a ser víctimas de traficantes y esclavistas”.
No obstante, aunque la reutilización social funciona sin importar las fronteras, el modo en que se lleva a cabo, y si se hace, varía. Por ejemplo, Rumanía y Portugal tienen leyes que permiten la reutilización de bienes confiscados, pero rara vez se practica. Y las leyes que regulan las situaciones en las que los bienes están en un país, pero los propietarios criminales son de otro, son inadecuadas.
La Unión Europea tiene un sistema de confiscación de bienes y una directiva para que las leyes nacionales promuevan la reutilización social. Y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional comprometió a los países a adoptar prácticas para la extradición y la cooperación jurídica. Sin embargo, no puede obligarlos a actuar.
En Italia, hay problemas para la asignación oportuna de las propiedades a los grupos. Citarda afirma que La Placido Rizzotto sigue esperando que algunos terrenos pasen de ser “incautados” a “confiscados” para poder trabajarlos. Los retrasos hacen que la tierra quede sin cultivar y que las propiedades se deterioren. El éxito de los esfuerzos de confiscación de Italia significa que actualmente controla unos 16.400 inmuebles. Riccardi afirma que es imposible destinarlos todos a la reutilización social. “Cada activo tiene su propia historia. Hay que ir allí, hacer la debida diligencia, verificar su estado, identificar a los propietarios. No es nada fácil. Es una actividad que lleva mucho tiempo”, explica.
En otros lugares, los gobiernos subastan propiedades, como en Escocia. Las leyes italianas lo prohíben, lo que podría evitar un mayor uso indebido. Sin embargo, Riccardi cree que un análisis de la relación costo-beneficio de la mayoría de las propiedades permitiría decidir si se venden o se destinan a la reutilización social.
Por su parte, Luigi Ciotti, fundador de Libera, quiere que la reutilización social de los bienes confiscados sea obligatoria, al menos, en toda Europa.
“Está demostrado que esta herramienta es muy perjudicial para la mafia”, dice. “Destruye su patrimonio, no solo en la cuestión económica, sino también en lo político, cultural y social”.
