En América Latina, y en especial en Colombia, el debate sobre el narcotráfico tiende a centrarse en el problema de los cultivos de coca y la producción de cocaína, que han sido los ejes tradicionales del negocio criminal en la región. Sin embargo, en los últimos años, una nueva y letal amenaza se cierne sobre nuestras sociedades: el fentanilo, un opioide sintético que ha desencadenado una crisis de salud pública sin precedentes en Norteamérica y, particularmente, en Estados Unidos. Este fenómeno plantea un cambio en las economías criminales del narcotráfico, que afecta no solo a los mercados de consumo, sino también a los de elaboración y tráfico de drogas. Si bien Colombia y sus vecinos han lidiado durante décadas con los efectos devastadores del tráfico de cocaína y la violencia asociada, el avance del fentanilo podría presentar un reto aún mayor para nuestras políticas de seguridad y salud pública. Ignorar esta transformación en el “orden” del narcotráfico sería una omisión imperdonable.
La crisis de opioides en Estados Unidos ha alcanzado proporciones catastróficas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 100 mil personas murieron por sobredosis de drogas en 2022, con aproximadamente 80 mil muertes atribuidas al fentanilo y otros opioides sintéticos. Este opioide es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, lo que lo convierte en una sustancia extremadamente peligrosa. La facilidad con que se mezcla con otras drogas ha llevado a un aumento del llamado “coctel de drogas”, donde los consumidores a menudo ignoran que están ingiriendo fentanilo, lo que incrementa el riesgo de sobredosis. El fentanilo no solo es una amenaza por sí mismo, su presencia ha transformado el paisaje del narcotráfico.
La expansión del fentanilo hacia América Latina, y su presencia en Colombia no es una posibilidad teórica, ya se están observando señales alarmantes. En los últimos años, las incautaciones de fentanilo en el país han aumentado desde 2018 hasta 2023 al registrarse 36 casos de incautación por parte de las autoridades colombianas, y al 2023 se han reportado 30 casos de muertes asociadas al uso de fentanilo. En febrero de 2024 se incautaron dos mil ampollas de fentanilo en Maicao, La Guajira, marcando un hito preocupante en el país. Este incremento en la disponibilidad del fentanilo plantea serias implicaciones para la seguridad pública. Las redes criminales colombianas podrían diversificarse aún más al incluir opioides sintéticos en su oferta, lo que complicaría los esfuerzos para combatir el narcotráfico.
La introducción del fentanilo en el mercado colombiano es un desafío para las autoridades y presenta profundas implicaciones sociales. El aumento del consumo de opioides sintéticos podría exacerbar problemas existentes relacionados con la salud mental y el bienestar social. Los jóvenes son los más vulnerables en esta crisis debido a la disponibilidad y el uso recreativo de estas sustancias que generan una rápida dependencia. Además, las comunidades afectadas por este comercio ilícito suelen ser las más desfavorecidas en la escala social y la expansión del fentanilo podría intensificar la violencia en esas zonas y aumentar el estigma hacia aquellos que luchan contra la adicción. Esto subraya la necesidad urgente de abordar no solo los aspectos criminales del problema, sino además sus raíces sociales y económicas.
Para enfrentar esta amenaza emergente es crucial implementar un enfoque integral que incluya la implementación de un “Sistema de Alerta Temprana sobre opioides sintéticos” el cual debe monitorear e informar sobre la presencia de nuevas sustancias psicoactivas. Además, se deben desarrollar campañas educativas dirigidas a jóvenes y comunidades vulnerables sobre los riesgos asociados al consumo de fentanilo y otras drogas sintéticas y el riesgo mortal que implican. A su vez, y por la naturaleza transnacional del narcotráfico es primordial robustecer la cooperación entre países latinoamericanos y Estados Unidos para compartir información sobre tendencias en el tráfico de drogas, así como fortalecer los procesos internos de policía judicial e inteligencia para que las autoridades intensifiquen sus esfuerzos en la desarticulación de redes criminales involucradas en el tráfico de opioides sintéticos mediante investigaciones exhaustivas y operaciones coordinadas.
La situación actual exige una respuesta inmediata y coordinada ante el riesgo creciente del fentanilo en Colombia. Las autoridades deben reconocer que este no es solo un problema relacionado con los cultivos ilícitos o la producción tradicional de cocaína, es una crisis multifacética que requiere un enfoque holístico. Es imperativo que, tanto las autoridades como la ciudadanía tomen conciencia del peligro inminente que representa el fentanilo y actúen proactivamente para evitar su consolidación en el mercado colombiano. Solo mediante un esfuerzo conjunto se podrá mitigar esta amenaza antes de que se convierta en un desequilibrio irreversible. La lucha contra el narcotráfico debe evolucionar para enfrentar los nuevos desafíos planteados por los opioides sintéticos. La seguridad pública depende no solo de acciones represivas sino también de políticas integrales que prioricen la salud pública y promuevan un entorno social más seguro para todos los ciudadanos colombianos.
