Vivimos en el país de la movilidad estática, como aquellas bicicletas en que nos movemos sin avanzar. Los gobiernos deben buscar el desarrollo con equidad al ritmo del cambio tecnológico, pero este cometido es difícil si, frente a sus iniciativas, hay sectores interesados en adivinar fines ocultos y perversos, como sucede con el proyecto para modernizar el sector de las TIC.
El acceso a la información y las comunicaciones es un factor altamente democratizador. De la misma manera que la ampliación y modernización de las vías terciarias está en la base de la redención del campo, la ampliación y modernización de las vías de acceso a la información y las comunicaciones son definitivas para la equidad, también en especial para el campo.
Es fundamental el concepto de “convergencia”, del que se deriva la visión “holística” del proyecto, que asume integralmente la problemática y los retos de las TIC, como factor de desarrollo económico y elemento esencial de desarrollo humano, de movilidad social y equidad real.
No obstante, la propuesta de converger en un solo ente regulador es vista por algunos como la perversa intención de concentrar poder en el Ejecutivo, con oscuras intenciones de censurar contenidos y beneficiar a empresas privadas en desmedro de las públicas. No veo nada de eso en el proyecto; veo la intención de “ordenar la casa” y establecer reglas claras, y de hacerlo con amplio debate en el Congreso.
Pero hay sectores y formadores de opinión -¿deformadores?- que prefieren los “choques de trenes” por la dispersión de competencias, en donde anidan la confusión, la burocracia y la corrupción que no permiten avanzar. Para ellos sería mejor tres o más “comisiones” con muchos “comisionados”, para contenidos, infraestructura; para radio, televisión, correos, etc.
Otro aspecto positivo es la posibilidad de pago en especie, como otra forma de cerrar brechas, permitiendo inversiones para una conectividad real en el sector rural, donde el aislamiento es expresión de inequidad y también cobija para el delito. En este novedoso instrumento, sin embargo, los detractores ven la intención de rebajas indebidas a los privados, de conejo y trampa. ¿El ladrón juzga por su condición?
Además de esa aversión populista a la inversión privada, los críticos malintencionados del proyecto tratan de “ensuciarlo” como una estrategia truculenta de limitar la libertad de expresión, solo porque un señor –privado él–, tendrá que someterse a reglas de juego claras y universales, y dejar de usufructuar las, esas sí, inequitativas ventajas que obtuvo del gobierno Santos, como premio por su apoyo obsecuente y, sobre todo, por sus ataques arteros a la entonces oposición.
Bienvenido el debate, pero que no le pase a las TIC lo que a la justicia, en cuya reforma el país pedalea y pedalea sin avanzar.
