Serpa ministro y otros mamolazos

Serpa mamolea la zaga del elefante del proceso 8.000 del expresidente Samper a quienes les  acompaña un largo y merecido repudio nacional, mientras la Corte deja de ser Suprema para autorizar la extradición de El Canoso que sepulta lo que podría ser el capítulo central de la parapolítica. Serpa ministro: ¡mamola! Por muy buen gobernador que haya sido para la tierra natal de Horacio Serpa, el gobierno Santos mal puede caer en la trampa de entregarle de nuevo parte de la conducción de los destinos del país nombrando como ministro a este coprotagonista del proceso 8.000 —presencia de dineros del cartel de Cali en la campaña  Samper Presidente— en uno de los escándalos de corrupción contemporánea más grave del país. Puede que Santander perdone y olvide —o quizás gracias a su gran habilidad para complacer los peores vicios de la política haya logrado el beneplácito regional—, pero el país no. Serpa es francamente un hombre imprescindible para el samperismo pero no para el país; donde en política, samperismo igual vampirismo y si esto tiene que ver con la paz ¿de qué paz nos están hablando? La paz de Samper repugna la lucha contra la corrupción, excluye la probidad que la nación urge y reclama en el manejo de la cosa pública. Serpa: opacidad elefantiásica en la urna  de cristal, del mico al retorno del elefante    En la era Serpa al frente del Ministerio del Interior —entonces llamado de Ministerio de Gobierno—, como lo denunciamos en su momento, se entregaron innombrables dádivas y el maridaje entre el Congreso y el Ejecutivo como contraprestación a la absolución por parte de la Cámara de Representantes no pudo ser mayor. Serpa conoce y administra como quien más las debilidades de un Congreso áulico, lo que representaría el peor mensaje del Gobierno Nacional a los colombianos tras la caída de la reforma a la Justicia, y la posibilidad de reeditar de manera más acentuada una página que los y las colombianos (as) considerábamos superadas, y como parte de la política del siglo anterior. El desempeño ético político de Horacio Serpa no resiste el espesor de la lupa y mucho menos puede ser expuesto en urna  de cristal, para  nada distinto de mostrar cómo es gobernar con Maquiavelo —sin principios— y sin Aristóteles —ética—, es  decir alguien que ha confinado como pocos la política a una técnica del poder como fin en sí mismo, o el poder por el poder mismo. El poder como verdugo de la verdad, donde la integridad es un estorbo. Corte: Suprema es la Justicia por la libertad de expresión  y no contra ella La  reciente caída de la reforma a la Justicia —por cuenta de una gesta histórica de poder ciudadano organizado alrededor del llamado a referendo derogatorio que le formulamos al país—revela ante todo el gran descontento ciudadano con el servicio de justicia, que pasa no solo por fenómenos de morosidad y congestión sino de corrupción, y particularmente la de cuello blanco. La Corte Suprema ha cumplido una labor encomiable en temas cruciales, entre ellos el de la parapolítica y de algún modo en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, en una y otras aéreas creemos que dicha corporación se ha quedado corta. El hecho de que se opine sobre la gestión de la Corte como en el caso de las periodistas María Jimena Duzán, de Semana, y Cecilia Orozco Tacón, de El Espectador, constituye una salida  en falso de esa corporación que la aleja de su condición Suprema. Máxime cuando en lugar de solicitar rectificación alguna, o de emitir un comunicado de prensa sobre los puntos de fondo planteados, como parte de la rendición de cuentas de esa hermética corporación, se entraba en acciones penales en la jurisdicción donde las mismas se hallan en una abierta condición de debilidad manifiesta, y sobreponer su propio celo e incluso vanidad a la libertad de expresión. Desde ya, si esa denuncia se formula, le haremos un acompañamiento veedurial al proceso, al que deberán concurrir las organizaciones de periodistas nacionales e internacionales. La salida de la Corte se parece al desmadre del jefe del “puro centro democrático”, por eso tal amenaza judicial contra las periodistas deja aún más dudas sobre la resistencia de esa corporación a rendir cuentas —sobre estos y otros temas como las postulaciones y elecciones—. Señores magistrados, el país en cualquier caso espera y merece una respuesta de fondo a los cuestionamientos planteados. Sería bueno que le contaran al país si la corporación en pleno estuvo brindando con copa de vino en mano, la reforma a la Justicia donde se les alargaba el periodo y la edad de retiro, y si hubo magistrados de esa corporación haciendo lobby ante el Congreso con ese propósito específico. El Canoso puede blanquear el Congreso Indudablemente la Corte le falló al país  otorgando la extradición de José Gélvez Albarracín alias El Canoso, el testigo más importante  de la parapolítica, respecto de quien la Red de Veedurías Red-Ver, le había solicitado por escrito, desde comienzos del presente año que se abstuviera de autorizarla hasta tanto no agotara su colaboración con la justicia. Incluso le pedimos el Consejo de Estado —que tampoco la atendió— para que lo citara como testigo dentro del proceso de desinvestidura contra Armando Benedetti, a quien aquel acusa de haber negociado, es decir envenenado hasta los tuétanos la ley de justicia y paz, la desmovilización de las llamadas “autodefensas”; y por eso asegura que tal ley no fue hecha por el Congreso, sino que el Congreso fue comprado para hacer dicha ley. La lista de los políticos que de manera pormenorizada sindica El Canoso, uno de los jefes políticos de las AUC, es escalofriante: ningún otro testigo ha llegado tan lejos con respecto a las acusaciones contra la clase política, ni siquiera el propio Mancuso. Valorar las declaraciones de El Canoso representaría abrir investigación formal y condenar más de medio Congreso de la República del periodo anterior, muchos de los cuales fungen como prohombres de la república, y claramente se podría decir que la Corte Suprema de Justicia respecto a tales cargos poco y nada ha  avanzado. Publicidad en materia penal y de investigaciones contra servidores públicos Los procesos penales de la Corte Suprema deberían ser públicos, vale decir  excluidos de la reserva sumarial, —igual que los procesos antes la Procuraduría o la Contraloría—. Ese velo del secreto genera impunidad, deja un margen de discrecionalidad y privacidad que le hace daño al país. Víctimas y ciudadanía cumplen un papel marginal, y los medios de comunicación más difícilmente logran informar al país, o la información es entregada de manera selectiva y direccionada, rompiendo su necesaria independencia y libertad.  Alianza nacional por la construcción democrática de la reforma a la Justicia En días pasados fuimos invitados a participar en la conformación de Comité  Nacional para la Construcción de la reforma a la Justicia, y dentro del espacio de coordinación nos disponemos  a realizar muy ágilmente un diagnóstico nacional mediante encuentros regionales que concluyan en un gran certamen nacional, donde se definan medidas inmediatas de intervención al aparato de justicia, así como reformas legales de mediano plazo y constitucionales de largo plazo. Como resultado esperamos obtener del Consejo Superior de la Judicatura la ejecución del presupuesto de la rama que en lo corrido del año va en solo 27%, la posibilidad de duplicar el número de jueces en el país el año siguiente, e identificar un abanico de medidas de intervención urgentes para su inmediata implementación por el gobierno nacional. Este debate propositivo comenzará en los próximos días a recorrer el país. www.redver.org reddeveeduriasdecolombia@gmail.com @pablobustossanc