Más del 70 % de los colombianos vive en ciudades con más de 100 mil habitantes, y solo 5 concentran a 16 millones aterrados por la inseguridad, mientras las autoridades insisten en declaraciones vacías y estadísticas que no le sirven de consuelo a la madre del muchacho asesinado por robarle la bicicleta.
La mayoría de candidatos se conduelen por las víctimas, pero no parecen entender la complejidad del problema y, por ello, le sacan el cuerpo a la inseguridad urbana, una suma de todos los males que, al final, se resume en la debilidad de un Gobierno que arrastró tras de sí la desarticulación del Estado para enfrentar a los criminales. Veamos:
1.- Microtráfico. La disputa por su control y el aumento del consumo de drogas desde edades cada vez más tempranas, están detrás de gran parte de la violencia urbana. Pero todo esfuerzo es en vano frente al absurdo de “la dosis mínima”, legal de acuerdo con las necesidades del consumidor, según la Corte Constitucional, aunque deba “caer del cielo” porque es ilegal su compraventa.
2.- Narcoterrorismo. La violencia cínica del ELN, de las “disidencias” de las Farc a cargo de sus negocios ilícitos, y de las bandas criminales, incluidos ahora los carteles mexicanos, hermanados todos por el narcotráfico, no son fenómenos del campo sino también de las ciudades. Es sencillo: el narcotráfico alimenta al microtráfico. Santos, extorsionado por sus vecinos socialistas, suspendió la fumigación en las fronteras y luego en todo el país. Se perdieron15 años de esfuerzos.
De 46 mil hectáreas pasamos a 200 mil y volvimos al primer puesto en la producción mundial de cocaína, mientras el Gobierno incentiva el narcotráfico con la conexidad con el delito político y la pretensión de legalizar pequeños y medianos cultivos.
3.- Migración venezolana. La canciller afirma que es un fenómeno controlado, pero la realidad es otra. El Gobierno no se preparó para esa migración masiva anunciada, chantajeado por Chávez y por Maduro, socios y garantes de la negociación con las Farc. Hoy Santos habla duro, pero es tarde. Miles de colombianos repatriados y de venezolanos cruzan a diario la frontera sin mayor control. No se trata de estigmatizarlos ni de cerrarles las puertas, pero el fenómeno ya hace parte del diagnóstico de inseguridad en Cúcuta y otras ciudades.
4.- Tráfico de armas. La fundación venezolana Redes estableció un faltante de un millón de piezas de armamento en 30 guarniciones en la frontera, que han ido a parar al ELN y las disidencias farianas, con la bendición de la cúpula militar de Maduro. Mientras tanto, el país llora a los policías de Barranquilla, el Gobierno acusa perplejidad frente al ELN y las Farc se estrenan impunes en política.
5.- Migración campesina. La recuperación del campo sigue siendo una promesa y se perdieron ocho años de esfuerzos en seguridad. Tras la firma del Acuerdo, el terrorismo, la extorsión, el despojo, la minería ilegal y el narcotráfico siguen dominando el escenario rural, con el consecuente desplazamiento hacia las ciudades, huyendo de la violencia y en busca de oportunidades.
6.- Justicia. Los jueces sueltan a los delincuentes; los alcaldes acusan a los jueces; los magistrados los defienden y acusan a la Fiscalía y la Policía; la detención domiciliaria es una farsa y el sistema carcelario colapsó. Entre tanto, los delincuentes se ríen de la justicia, los ciudadanos no creen en ella y el ministro confiesa con impotencia que “tenemos una política criminal desastrosa”.
Una verdadera suma de todos los males, que acorrala a la ciudadanía y solo parece preocupar a los candidatos del Centro Democrático.
