La Alcaldía de Bogotá ha hecho hasta lo imposible por atacar y desarticular los mayores centros de drogadicción y de crimen que operan en la ciudad, por lo cual ha intervenido ‘ollas’ como el Bronx, Cinco Huecos, San Bernardo y La Estanzuela. Al mismo tiempo, el Distrito les ha ofrecido toda la ayuda social a quienes vivían esclavizados del vicio en estos lugares.
Sin embargo, en esa tarea, el Distrito se ha estrellado contra una barrera: una sentencia de la Corte Constitucional (T-043 de 2015) que prohíbe a las alcaldías y las gobernaciones trasladar, contra su voluntad, a los habitantes de la calle a los centros de rehabilitación.
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Textualmente, la Corte señaló: “Cualquier tipo de reproche jurídico, sea en forma de sanciones o intervenciones terapéuticas forzadas, resulta inadmisible en tanto cosifica al habitante de la calle en aras de un supuesto modelo ideal del ciudadano virtuoso”.
Ese fallo le está impidiendo al Distrito llevar a miles de habitantes de la calle a los centros de acogida, donde podrían escapar de las garras de la droga y, principalmente, de los sayayines, como se conocen a los jefes de estas bandas dedicadas al crimen y el narcotráfico.
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Lo que se ha conocido en las últimas horas es que exmagistrados de la Corte Constitucional asesorarían al Distrito con el fin de solicitarle al alto tribunal que revise esa sentencia, y permita que esas personas sean trasladadas y reciban la atención necesaria.
Algunos comerciantes también estarían alistando una tutela ante la Corte en el mismo sentido.
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Luego del operativo del Bronx, se han conocido historias impactantes de vida de personas que están dejando atrás el infierno de la droga. Pero la idea del
Distrito es que no sean unas pocas personas, sino que dicha rehabilitación beneficie a la mayoría de los habitantes de la calle.
Por eso, es clave que la Corte tome cartas en el asunto y evite que muchos de ellos sigan siendo manipulados y explotados por los sayayines que les siguen suministrando dosis de droga, con el fin de mantener el millonario negocio.
Desde que se intervino el Bronx, el 28 de mayo, el Distrito ha atendido a 2.552 habitantes de la calle, con edades entre los 22 y 80 años. Por su parte, el Idipron se ha hecho cargo de 1.561 jóvenes.
Ahora lo que se necesita es que la Corte revise su fallo y permita que muchos otros más sean llevados a esos centros de acogida.
