Feria de contratos de la Fiscalía

La escabrosa y muy cuestionada contratación realizada por la Fiscalía General de la Nación de Eduardo Montealegre en nombre del supremo derecho de la paz, deja al descubierto otro problema quizás incluso más grave como es la virtual imposibilidad real de ser investigado por la Contraloría General de la Republica, por múltiples razones prácticamente desconocidas por el país. En últimas nos quedamos no solo sin Fiscalía sino sin Contraloría y sin Auditoría General. En primer término Marcela Yepes, actual directora administrativa de la Fiscalía General, a quien se le atribuye la firma de alguno de los contratos suscritos con esta entidad por Natalia Springer, a través de su firma, es la esposa del actual Auditor General de la República, Felipe Córdoba, recién electo, el cual es el encargado de vigilar a la Contraloría General. Al parecer habría posibles coincidencias entre contratos suscritos por la propia Auditoría con el proceso de elección de este último. Felipe Córdoba fue vice Contralor General y su esposa, Marcela Yepes, directora administrativa hasta cuando contrajeron matrimonio y esta última se incorporó a las toldas del Fiscal, como a la postre también aquel. El Auditor Córdoba habría vinculado incluso funcionarios de la Fiscalía como a Farud Urrutia, sobrino del Contralor Maya Villazón, Liliana Jaramillo y Joaquín Mejía –quien fuera contratista de la Fiscalía, así como Ángela María Murcia Ramos como Auditora auxiliar y hasta hace poco vinculada al despacho del vice Fiscal Perdomo, y quien se encargara, en la Auditoría, de decidir los casos de la contraloría toda vez que Córdoba se declaró con razón impedido. Lo anterior sin hablar que el propio Contralor General, trata por todos los medios de hacer de su esposa actual quien es la Directora de la Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén, a magistrada del Consejo de Estado. Así las cosas hay un innegable entramado servido en favor de un anillo cerrado que blinda al Fiscal frente la institucionalidad de control formal, donde precisamente por esta razón el propio Congreso de la República se queda en un especie de desazón, y la opinión de ciudadanías tiene más que nunca el control moral, como tribunal social. Sin embargo, lo más importante es que el país por fin va enterándose, sobre quien es el real Fiscal General de la Nación, omnímodo verdugo de la justicia, y quienes sus aliados y esbirros como la propia Natalia Springer, o Carlos Palacino capo impune como lo dijimos hace tiempo, en nuestro libro “Megacartel de la Salud”. Finalmente, por si le sirve señor Fiscal, mi segundo nombre es Antonio…y tampoco tengo contratos con la Fiscalía, por si le falla la base de datos… no soy pariente ni me eduqué con el magistrado Leonidas Bustos, no soy amigo de Carlos Palacino, ni he tenido contratos con Saludcoop… @pablobustossanc reddeveeduriasdecolombia@redver.org