Entre las muchas columnas periodísticas del domingo, la de Mauricio Vargas –hoy en El Tiempo- es la más difundida en redes sociales. Y más aplaudida también, por muchos sectores.
Vargas (1961) tiene una larga trayectoria, fue director de revista Semana, de Cambio, del noticiero CM& y colaborador de Radio Francia Internacional. Fue ministro y ha publicado varios libros.
En su nota, hay palo para la fiscalía y para el gobierno. -A pocos días de que el fiscal general Eduardo Montealegre deje su cargo, está recogiendo el fruto de lo que sembró: casi toda decisión de la entidad que lideró durante cuatro años llena de dudas a la opinión. Lo que acaba de ocurrir con la detención de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, es diciente. Más allá de los testimonios y grabaciones que la Fiscalía asegura tener, una encuesta de Datexco para EL TIEMPO y La W reveló que 51 % cree que la detención está motivada por razones políticas y solo 18 %, por razones judiciales.
Cuatro años de intervención del Fiscal en política, de perseguir –con pruebas o sin ellas– a exfuncionarios uribistas sin investigar siquiera a los santistas de la mermelada criminal, y de hacerse el de la vista gorda ante gravísimos testimonios sobre el asesinato de Álvaro Gómez, llevaron a la gente a llenarse de sospechas frente a la Fiscalía. Semanas antes de que Montealegre asumiera, el Gallup Poll mostraba que la opinión favorable sobre la entidad era del 71 %; hoy es apenas del 44 % contra 50 % de opinión desfavorable.
Vargas agrega en su columna: -En un principio, el Gobierno reaccionó bien ante la detención de Santiago Uribe. El presidente Juan Manuel Santos pidió la vigilancia de la Procuraduría y un seguimiento internacional. Era lo que correspondía, entre otras cosas, para mostrar distancia frente a una Fiscalía tantas veces percibida como anexo del Ejecutivo. Pero tras las protestas de la bancada uribista, con una ridícula manifestación ante la Casa de Nariño pidiendo una improcedente renuncia del Presidente, el Gobierno mordió el anzuelo.
Se abrió entonces el concurso para ver quién es el ministro más sapo, y varios miembros del gabinete desfilaron por Twitter con destempladas frases contra Uribe y sus seguidores. La ministra de Educación, Gina Parody, se mostró poco educada y trinó feo contra su antiguo jefe, olvidando que hace pocos años era una de las consentidas del entonces presidente Uribe, cuando ya las acusaciones contra su hermano Santiago eran ampliamente conocidas, tanto que, en 1997, había rendido indagatoria por el caso que hoy lo mantiene detenido.
El Gobierno olvida que, como la mujer del César, no solo debe respetar a la oposición, sino parecer que la respeta. En esa medida, la apertura de investigación a RCN Radio –cadena crítica con el Ejecutivo– por parte de la Superindustria, en un proceso que puede llevarse por delante el programa claramente opositor del exministro Fernando Londoño, en Radio Súper, es tanto una arbitrariedad (la SIC no actúa contra otros medios que han hecho lo mismo) como una imbecilidad.
Tan exabrupto es dicha decisión como el discurso uribista que ahora apunta a que Santos es un comunista de toda la vida que se infiltró en el establecimiento desde hace décadas para entregarles el país a las Farc. Pero es que tanto en el Ejecutivo como en el uribismo, importantes voceros están perdiendo los papeles. El espectáculo que Gobierno y oposición ofrecen recuerda el triste comportamiento que ambos tuvieron durante la campaña del 2014. Vergüenza debería darles.
Todo ello mientras el país se desbarata. El desempleo se dispara, la inflación se acelera, el hueco fiscal es enorme, las exportaciones registran su peor enero en una década, el peso se devalúa y nos hace más pobres, decenas de niños mueren desnutridos en La Guajira, los jefes de las Farc se pasean felices haciendo proselitismo armado, parientes cercanos de varios ministros gozan de multimillonarios contratos con el Gobierno, y el sistema eléctrico camina por la cornisa, más que por el Niño, por la paquidermia e imprevisión de la Creg y del Ministerio de Minas. La oposición, claro está, tiene una ventaja: el país se le está desbaratando al Gobierno, que es el responsable de manejarlo.
