El ocaso del Fiscal

La Fiscalía General de la Nación nació con la Constitución del 91 como un órgano independiente que necesitaba el país ante la crisis de la Rama Judicial, en manos de la extinta Dirección Nacional de Instrucción Criminal, además de ajustarse a los lineamientos internacionales para modernizar nuestra justicia, que entre otras, aún no se actualiza y sigue en crisis. Desde su creación, por la jefatura de la Fiscalía han desfilado una cantidad de personajes que han dejado una mala imagen, porque no se han ajustado a la importancia del cargo y se han convertido en emperadores embriagados con el poder que ostentan, dándole a la entidad una orientación amañada de acuerdo a la circunstancias del momento político que viva el país; solo hay que recordar algunos nombres para que, de inmediato, salten los escándalos: Alfonso Gómez Méndez y su alianza con Samper para engavetar el proceso 8000; Luis Camilo Osorio, en la peor época de la violencia en Colombia, todavía no ha explicado porqué los paramilitares penetraron la entidad y actuaron a sus anchas; Vivian Morales, dejó el cargo por una demanda que tumbó su elección y por la presión de las alianzas de su esposo, Carlos Alonso Lucio, con guerrilleros, paramilitares y narcos. Lo más inquietante, es que casi siempre utilizan la entidad como plataforma para fortalecer su bufete de abogados y en calidad de exfiscales, hacen uso de su “prestigio” y hasta defienden delincuentes de la talla de Silvia Gette, asistida por Guillermo Mendoza Diago, por citar un ejemplo. No obstante, el caso que nos ocupa hoy, es el del Fiscal, Eduardo Montealegre, desde que llegó a la entidad ha desplegado un evidente exceso de protagonismo y poca eficacia, a la hora de los resultados en casos neurálgicos; además del manejo político que le ha dado a la institución, que más parece una dependencia adscrita a la Casa de Nariño. Su índice de desaprobación llegó a limites históricos, con muy baja popularidad; mientras un sinnúmero de expedientes están estancados; es el caso del proceso 8000 que nadie lo toca a pesar de que William Rodríguez, hijo de Miguel, dio contundentes declaraciones sobre el tema; la persecución contra la excontralora Sandra Morelli, es indiscutible; Emilio Tapia estuvo de parrada hasta que le dio la gana; incluso, la columnista María Isabel Rueda fue víctima de la mano dura, con una citación innecesaria por el caso Álvaro Gómez, que tampoco se mueve. El fiscal General opina sobre lo divino y lo humano, donde hay un micrófono ahí está él, con criterios, por lo general afines a las Farc o metiendo la pata, como ocurrió con la notificación radial a Oscar Iván Zuluaga, quien debe estar feliz, le hizo el favor de victimizarlo y le colgó el cartel de “perseguido político”. Por el contrario, con el argumento de que está impedido, el tema SaludCoop sigue sin explicarlo. La Fiscalía está en crisis, esperemos que en poco menos de un año, cuando Montealegre, deje el cargo, llegue alguien capacitado para redireccionar la entidad y recuperar la reputación, y esto se traduzca en resultados, tan necesarios en una sociedad agobiada por la delincuencia en todos los campos. @JACOBOSOLANOC