La llegada de vacaciones hace un par de semanas me recibió con noticias desoladoras para las mujeres y niños del país. Recientemente Medicina Legal reportó que existen 1.369 mujeres en todo el territorio nacional que se encuentran en peligro inminente de ser asesinadas y otras 746 en alto riesgo. Los presuntos agresores son, en la totalidad de los casos, sus parejas o exparejas y los principales motivos, la intolerancia y los celos. Todo tipo de homicidio por razones de género es considerado como feminicidio, es decir, matar a una mujer por el hecho de ser mujer.
No sé qué es más aterrador y doloroso, si las escabrosas historias de cómo mueren y son maltratadas las mujeres por parte de sus compañeros o excompañeros o la impunidad de sus asesinatos. El silencio por parte de las víctimas y la impunidad son aliados y cómplices del feminicidio en Colombia y el mundo.
Naciones Unidas reveló recientemente que hoy en día 603 millones de mujeres viven en países donde la violencia doméstica no es considerada un crimen. ¡Inconcebible! Pero nuestro país no es muy ajeno a esta realidad. Pese a que dentro de la legislación colombiana el feminicidio es considerado un delito penal y tiene una de las mayores penas entre los homicidios (20 a 41 años de cárcel), las cifras siguen siendo escandalosamente altas.
Las agresiones de pareja han ido en aumento en los últimos años. En 2014 se registraron 41 mil, frente a 38 mil en 2013. Un año antes, en 2012, Medicina Legal publicó un estudio que revelaba las altas cifras de violencia que enfrentan las mujeres en su vida cotidiana. Según este, 132 mujeres fueron violentadas por su pareja o expareja cada día! Y tristemente, un porcentaje considerable fueron asesinadas un tiempo después.
El director de este organismo, el doctor Carlos Eduardo Valdés, aseguró hace unos días en una entrevista en El Tiempo que en Colombia:
“No hay conciencia de la gravedad de los crímenes que genera la violencia contra las mujeres. Los casos son dramáticos y es necesario que cada entidad y persona cumpla con lo que corresponde para prevenir”.
Con esto se refiere a que según la ley 1257 de 2008, una de las cuatro leyes que regulan el feminicidio en el país, se establece que se deben adoptar normas que protejan y garanticen a las mujeres una vida libre de cualquier tipo de violencia. A la vez, se les debe facilitar el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y de manera inmediata.
Entonces, si no somos uno de esos países que se hace el de la vista gorda con respecto a la violencia de pareja, y por el contrario tenemos estipulado el feminicidio dentro de nuestra legislación, ¿por qué los casos se siguen elevando cada año? ¿Por qué cientos de padres, hermanos, hijos y amigos siguen luchando para que los asesinatos de sus allegadas no queden en el olvido? Por la impunidad, porque así tengamos leyes que castiguen al perpetrador, a la hora de la verdad no se condena en gran parte de los casos al asesino. Esa debería ser la más importante prioridad de la Fiscalía hoy en día, de las decenas de Fiscales mujeres que hay hoy en esa entidad, bien preparadas y capaces, si no de todos.
Otro factor que habría que considerar es que no necesariamente aumentó el número de víctimas sino el número de denuncios. Hoy más que antes, las mujeres son conscientes de sus derechos y saben que sus voces pueden ser escuchadas.
Dentro de la enorme impunidad que impera en el país, ha surgido un nuevo debate y es el mensaje transmitido por la Fiscalía sobre los beneficios a los violadores de mujeres y niños. ¡Se pretende ahora llevar a cabo una reforma al Código Penal Acusatorio que busca otorgar beneficios a las personas que cometan delitos sexuales a menores y a mujeres! ¿En qué momento un país como el nuestro, que va en búsqueda de la paz, manda un mensaje tan equivocado e incoherente desde sus leyes? ¿Cómo se puede pensar en rebaja de penas al peor de los delitos como es el abuso sexual? Muchas de estas incongruencias es lo que todavía nos hace un país tercermundista, incompetente y antidemocrático.
No me quiero imaginar por el viacrucis que tienen que pasar cientos de miles de familias que luchan porque los crímenes sexuales tengan un castigo justo. Lo que sí conozco son los enormes efectos colaterales que han vivido las víctimas durante años y que tiene un país y una región que no las respalda.
En Latinoamérica seguimos fallándole a las mujeres: la impunidad y las reformas jurídicas ineficaces han causado que los feminicidios aumenten. Somos una de la regiones del mundo con menor progreso en la reducción de la violencia de género, pese a algunos esfuerzos reflejados en el aumento de los denuncios reportados. Contamos con las leyes pero no con quienes las hagan cumplir.
No todo son malas noticias. También se evidencian modelos que han combatido eficazmente este flagelo, como es el caso de la respuesta comunitaria a la violencia doméstica en Duluth, Estados Unidos, cuyo esfuerzo fue merecedor del Premio Políticas de Futuro por parte de Naciones Unidas. El Modelo de Duluth*, tiene como objetivo proteger a las víctimas contra el abuso en curso. Para esto se unen los esfuerzos de la policía, los funcionarios judiciales, ONGs y profesionales médicos con el objetivo de proteger a las mujeres frente a la violencia de pareja, a la vez que se responsabiliza a los autores. Este modelo que permite que las comunidades coordinen sus respuestas ante la violencia doméstica, fue implementado por primera vez en Duluth, una pequeña ciudad de Minnesota, en 1980. Este modelo ha sido replicado en varias ciudades de Estados Unidos, y ha servido como guía para la creación de leyes y políticas basadas en la respuesta comunitaria en diferentes países alrededor del mundo.
Ojalá que en países como el nuestro podamos entender que para avanzar a una sociedad de paz y sostenible no sólo se necesitan unas buenas leyes, sino de esfuerzos conjuntos liderados desde las institucionalidad. Casos como el de Duluth demuestran que no es suficiente con que las leyes existan, sino que la cooperación estructurada y organizada entre todos hace que éstas se cumplan. Si no lo hacemos y no damos inmediata relevancia un tema tan urgente como el feminicidio, vamos a seguir prologando el sufrimiento de generaciones de mujeres.
*Es un caso que recomiendo leer a profundidad. Para mayor información leer el artículo de Monse Rezzio Tham, El Modelo de Duluth, Método a las comunidades para coordinar sus respuestas a la violencia doméstica.
La llegada de vacaciones hace un par de semanas me recibió con noticias desoladoras para las mujeres y niños del país. Recientemente Medicina Legal reportó que existen 1.369 mujeres en todo el territorio nacional que se encuentran en peligro inminente de ser asesinadas y otras 746 en alto riesgo. Los presuntos agresores son, en la totalidad de los casos, sus parejas o exparejas y los principales motivos, la intolerancia y los celos. Todo tipo de homicidio por razones de género es considerado como feminicidio, es decir, matar a una mujer por el hecho de ser mujer.
No sé qué es más aterrador y doloroso, si las escabrosas historias de cómo mueren y son maltratadas las mujeres por parte de sus compañeros o excompañeros o la impunidad de sus asesinatos. El silencio por parte de las víctimas y la impunidad son aliados y cómplices del feminicidio en Colombia y el mundo.
Naciones Unidas reveló recientemente que hoy en día 603 millones de mujeres viven en países donde la violencia doméstica no es considerada un crimen. ¡Inconcebible! Pero nuestro país no es muy ajeno a esta realidad. Pese a que dentro de la legislación colombiana el feminicidio es considerado un delito penal y tiene una de las mayores penas entre los homicidios (20 a 41 años de cárcel), las cifras siguen siendo escandalosamente altas.
Las agresiones de pareja han ido en aumento en los últimos años. En 2014 se registraron 41 mil, frente a 38 mil en 2013. Un año antes, en 2012, Medicina Legal publicó un estudio que revelaba las altas cifras de violencia que enfrentan las mujeres en su vida cotidiana. Según este, 132 mujeres fueron violentadas por su pareja o expareja cada día! Y tristemente, un porcentaje considerable fueron asesinadas un tiempo después.
El director de este organismo, el doctor Carlos Eduardo Valdés, aseguró hace unos días en una entrevista en El Tiempo que en Colombia:
“No hay conciencia de la gravedad de los crímenes que genera la violencia contra las mujeres. Los casos son dramáticos y es necesario que cada entidad y persona cumpla con lo que corresponde para prevenir”.
Con esto se refiere a que según la ley 1257 de 2008, una de las cuatro leyes que regulan el feminicidio en el país, se establece que se deben adoptar normas que protejan y garanticen a las mujeres una vida libre de cualquier tipo de violencia. A la vez, se les debe facilitar el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y de manera inmediata.
Entonces, si no somos uno de esos países que se hace el de la vista gorda con respecto a la violencia de pareja, y por el contrario tenemos estipulado el feminicidio dentro de nuestra legislación, ¿por qué los casos se siguen elevando cada año? ¿Por qué cientos de padres, hermanos, hijos y amigos siguen luchando para que los asesinatos de sus allegadas no queden en el olvido? Por la impunidad, porque así tengamos leyes que castiguen al perpetrador, a la hora de la verdad no se condena en gran parte de los casos al asesino. Esa debería ser la más importante prioridad de la Fiscalía hoy en día, de las decenas de Fiscales mujeres que hay hoy en esa entidad, bien preparadas y capaces, si no de todos.
Otro factor que habría que considerar es que no necesariamente aumentó el número de víctimas sino el número de denuncios. Hoy más que antes, las mujeres son conscientes de sus derechos y saben que sus voces pueden ser escuchadas.
Dentro de la enorme impunidad que impera en el país, ha surgido un nuevo debate y es el mensaje transmitido por la Fiscalía sobre los beneficios a los violadores de mujeres y niños. ¡Se pretende ahora llevar a cabo una reforma al Código Penal Acusatorio que busca otorgar beneficios a las personas que cometan delitos sexuales a menores y a mujeres! ¿En qué momento un país como el nuestro, que va en búsqueda de la paz, manda un mensaje tan equivocado e incoherente desde sus leyes? ¿Cómo se puede pensar en rebaja de penas al peor de los delitos como es el abuso sexual? Muchas de estas incongruencias es lo que todavía nos hace un país tercermundista, incompetente y antidemocrático.
No me quiero imaginar por el viacrucis que tienen que pasar cientos de miles de familias que luchan porque los crímenes sexuales tengan un castigo justo. Lo que sí conozco son los enormes efectos colaterales que han vivido las víctimas durante años y que tiene un país y una región que no las respalda.
En Latinoamérica seguimos fallándole a las mujeres: la impunidad y las reformas jurídicas ineficaces han causado que los feminicidios aumenten. Somos una de la regiones del mundo con menor progreso en la reducción de la violencia de género, pese a algunos esfuerzos reflejados en el aumento de los denuncios reportados. Contamos con las leyes pero no con quienes las hagan cumplir.
No todo son malas noticias. También se evidencian modelos que han combatido eficazmente este flagelo, como es el caso de la respuesta comunitaria a la violencia doméstica en Duluth, Estados Unidos, cuyo esfuerzo fue merecedor del Premio Políticas de Futuro por parte de Naciones Unidas. El Modelo de Duluth*, tiene como objetivo proteger a las víctimas contra el abuso en curso. Para esto se unen los esfuerzos de la policía, los funcionarios judiciales, ONGs y profesionales médicos con el objetivo de proteger a las mujeres frente a la violencia de pareja, a la vez que se responsabiliza a los autores. Este modelo que permite que las comunidades coordinen sus respuestas ante la violencia doméstica, fue implementado por primera vez en Duluth, una pequeña ciudad de Minnesota, en 1980. Este modelo ha sido replicado en varias ciudades de Estados Unidos, y ha servido como guía para la creación de leyes y políticas basadas en la respuesta comunitaria en diferentes países alrededor del mundo.
Ojalá que en países como el nuestro podamos entender que para avanzar a una sociedad de paz y sostenible no sólo se necesitan unas buenas leyes, sino de esfuerzos conjuntos liderados desde las institucionalidad. Casos como el de Duluth demuestran que no es suficiente con que las leyes existan, sino que la cooperación estructurada y organizada entre todos hace que éstas se cumplan. Si no lo hacemos y no damos inmediata relevancia un tema tan urgente como el feminicidio, vamos a seguir prologando el sufrimiento de generaciones de mujeres.
*Es un caso que recomiendo leer a profundidad. Para mayor información leer el artículo de Monse Rezzio Tham, El Modelo de Duluth, Método a las comunidades para coordinar sus respuestas a la violencia doméstica.
