La propuesta de fundir seis altos tribunales judiciales en una sola Corte fue hecha por Álvaro Uribe desde el 2017 y reiterada recientemente, “bajo su propio criterio”, por el que dijo Uribe, un tal Iván Duque. Arguyó que así se garantizaba la seguridad jurídica y se ahorraban cuantiosas sumas de dinero al eliminar la “burocracia judicial”.
La propuesta de Uribe por boca de su entrenado deja en evidencia su anacrónico sueño de resucitar la Constitución de 1886, que tenía un poder judicial concentrado y obediente. Anhela retornar a la justicia bipartidista del Frente Nacional, cuando los jueces eran parte del abanico clientelista del que disponía el gobierno de turno.
La propuesta de una sola Corte no es otra cosa que una súper concentración del poder judicial en pocos magistrados todopoderosos, lo que facilitaría a los mismos con las mismas capturar el órgano de cierre, erosionando la cada vez más reducida independencia de los jueces a manos del Ejecutivo.
Solo puede haber justicia real y efectiva si se garantizan como mínimo dos atributos fundamentales, de los cuales carece Iván Duque: independencia y autonomía.
Una sola Corte agravaría la congestión y la mora judicial, que hoy tienen a Colombia con uno de los sistemas judiciales más lentos del mundo. También afectaría la especialización temática, que les permite a los altos Tribunales un conocimiento técnico más específico para poder responder a la complejidad y la variedad de materias que tiene el derecho. Tener menos Magistrados de cierre con más especialidades que atender sería un retroceso sustancial.
Sin duda, una justicia ineficiente y eterna abona el camino para privatizar de un tajo este servicio público. El sueño del Banco Mundial y de Luis Carlos Sarmiento Angulo hecho realidad, donde el que pueda pagar disfrutará de justicia privada expedita vía notarios, arbitramentos, centros de arreglos particulares, y el que no, tendrá que soportar largos años de justicia pública de baja calidad y con grandes posibilidades de que el resultado final sea la impunidad.
Por su parte, la propuesta de Petro sobre la justicia no hace referencia a la carrera judicial, ni pone el énfasis en la financiación, aspecto elemental sin el cual no puede existir autonomía e independencia. Además, una de la prioridades de Petro es la Constituyente, con la que piensa hacer los ajustes a imagen y semejanza de la “Colombia Humana”, entre los que aparece volver el Congreso unicameral y de solo 72 Congresistas como lo ha señalado su escudero Gustavo Bolívar, bajo el mismo argumento de Uribe de ahorrar millonarios costos.
Aquí otra vez los extremos se tocan. Tanto la propuesta de Petro como la de Uribe-Duque entrañan una sustitución a la Constitución, pues modifican la arquitectura institucional prevista en 1991, por lo que requeriría de una constituyente.
Atendiendo a la composición de las fuerzas políticas actuales, la propuesta de Constituyente de Uribe-Duque y Petro es un peligro, pues su conformación sería muy similar a la del Congreso recién electo, donde los mismos con las mismas son mayoritarios. Dejaría por fuera o con poca representación a los sectores alternativos e independientes y conduciría a reformas regresivas, que sin duda limitarían la tutela, los derechos fundamentales y la ya escasa protección de los derechos colectivos, entre otros.
La justicia requiere reformas importantes, que deben diseñarse con la participación de los actores involucrados y no a sus espaldas. Asonal y los demás sindicatos, magistrados, jueces y fiscales, empleados de la rama, investigadores, colegios de abogados, facultades de derecho y los usuarios deben ser tenidos en cuenta al momento de construirlas.
Y hay que partir de la realidad. Según el Consejo Superior de la Judicatura, la demanda de justicia en los últimos años subió 300%, mientras que la planta de personal solo se incrementó en 25%. Y la desfinanciación del sector justicia asciende al 40% anual.
Bajo ese diagnóstico, el programa que mejor responde a las necesidades de la justicia es el de la Coalición Colombia y su candidato presidencial Sergio Fajardo, que enfatiza y reconoce que la “justicia es un bien público prioritario que debemos financiar con todo el músculo estatal si queremos garantizar más acceso, mejorar los tiempos de los procesos, contar con justicia en las zonas rurales, reducir la impunidad, avanzar en las políticas de descongestión y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la rama judicial”.
Además, Fajardo y la Coalición se comprometen en su programa a “Implementar rigurosamente la carrera judicial”, aspecto determinante para acabar con el clientelismo en la rama, con la politización, con las nóminas paralelas y con la inestabilidad laboral del alto número de funcionarios en provisionalidad.
Colombia se merece una justicia eficaz, independiente, transparente, accesible y cercana al ciudadano. Pero la solución no pasa Ni por la súper Corte de Uribe, Ni por la Constituyente de Petro. Se requieren ajustes serios, bien pensados y construidos con la participación de la rama, y para eso resulta vital escoger gobernantes que no quieran someterla, o adecuarla a sus consideraciones personales. Se necesitan gobernantes que respeten la justicia, su independencia y su autonomía.
Andrés Pachón | @AndresPachonTor
