Del fiscal de bolsillo

No hay espacio mediático indiferente que no se les reserve a los protagonistas políticos del país, ni actos que dejen de generar sorpresas con rechazo e indignación para la opinión pública en el país nacional. El turno le sigue correspondiendo al Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre. Sin embargo, no hay que olvidar que su elección estuvo precedida de los acontecimientos más deshonrosos para los registros de la historia, cuando la Corte Suprema de Justicia se negó a elegir la terna presentada por el entonces presidente Alvaro Uribe Velez, evidenciando y desacreditando al gobierno en el notorio escándalo de las chuzadas y la indiscriminada persecución del DAS contra los Magistrados de la Sala Penal, que adelantaban las investigaciones a los congresistas, alcaldes, gobernadores y ministros de estado que tuvieron relación directa e indirecta con los grupos paramilitares. De Eduardo Montealegre se tenían las mejores referencias, cuando en su calidad de académico, juez, magistrado de la Corte Constitucional y viceprocurador, resplandecía en el saber del derecho penal nacional y comparado, agregándole la majestuosidad de los confines y la aplicabilidad del Derecho Constitucional. Ayer como abogado litigante y hoy como Fiscal General de la Nación, le han salido a relucir innumerables circunstancias que lo involucran en los escándalos con las empresas que le han generado detrimentos patrimoniales a la nación –Saludcoop y Fidupetrol-, y en los cuales, él como asesor, les prestó sus servicios de asesorías y acompañamientos legales. Y no pasa nada. El problema no es tanto la vida pública y profesional de Montealegre Lynet -muy cuestionada y autosuperada-, sino la forma tan criminal y ventajosa como la Constitución del 91, a través de sus constituyentes –por cierto ingenuos-, fijaron los parámetros para la elaboración de la terna en la conformación de los candidatos hoy por el Presidente de la República y su posterior elección por la Corte Suprema de Justicia. Lo grave es que esa designación y elección, muy a pesar de ser aparentemente independiente entre las ramas del poder público, genera compromiso político, presupuestal y administrativo entre la presidencia y la fiscalía, tal como se observa en la tan obsesionada paz que se pretende con fatal impunidad en favor de la FARC y en perjuicio de las víctimas. Estas actuales circunstancias del país –y preocupa como colombiano-, nos recuerda apartes históricos de la Alemania Nazi, cuando Adolf Hitler, designó a H. Himmler como jefe de las SS, donde se encarcelaba, se perseguía, se torturaba y se asesinaba a todo aquel que no comulgara con el régimen nacionalista. Hasta ahora no hay asesinatos, ni torturas, pero si la posibilidad de ser llamado a interrogatorio por no ser afín al proceso de la habana, o ser llamado a ser destituido como funcionario público, sin haberse seguido un debido proceso. El problema no está en oponerse al mal llamado Proceso de la Habana, ni en darle la espalda al gobierno y a la nación, sino al desentendido acto del Estado fracasado en no auto derrocarse por sus descalificados hechos que lo comprometen. @JorgePerezSolan