Como es sabido, las actuales discusiones alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz, han mostrado los verdaderos intereses de cada una de las bancadas y partidos políticos. No son muy claras las posturas en contra de dicha instancia propia del mecanismo jurídico especial propuesto en el marco del proceso de paz, como tampoco son claras las intenciones de algunos de los artículos de la misma propuesta.
Sin embargo, llama mucho más la atención los argumentos presentados por la oposición de la bancada uribista y en particular cuando se les cuestiona acerca de la posibilidad de que los ex integrantes de las Farc puedan participar en política.
No es desconocido que el partido Centro Democrático, tenga dentro de sus más notables parlamentarios al ex integrante de la guerrilla el M-19, Everth Bustamante, quien además ha sido uno de los más fervientes opositores para que los miembros de la hoy desmovilizada guerrilla más antigua del continente, puedan participar en política y sean opcionados para cargos de elección popular con el argumento de que no han sido juzgados, no han pagado sus crímenes, pero que principalmente, no han reparado a sus víctimas, lo cual a carta blanca, no resulta descabellado.
Sin embargo, al parecer se olvida el hoy senador Bustamante, que todos los procesos de paz, (incluyendo el que se adelantó con la guerrilla a la que el perteneció) no solo en Colombia, sino en el mundo, tienen como condición principal, que los ex combatientes puedan abandonar la vida ilegal con el propósito de convertirse en una opción política valida, como él lo viene haciendo, ahora en las toldas de la derecha radical.
Revisando todos los procesos de paz en el mundo, es fácil encontrar como cada grupo armado que se ha desmovilizado, no solo ha logrado la amnistía y el indulto de sus delitos cometidos durante su ejercicio rebelde, sino que además, han podido ingresar, en algunos casos de manera directa, a la vida pública, con el apoyo, incluso del pueblo, garantizando de esa manera que dichos grupos no se rearmen y terminen mutando en nuevas formas de violencia.
Procesos como el adelantado en El Salvador, con la guerrilla del FMLN, en la que, no solo se les dio una amnistía general, sino que además se les permitió hacer parte, de manera directa del congreso, aumentando el número de congresistas, para permitir su participación. Una historia similar ocurrió con los militantes del IRA en Irlanda del Norte, donde se les permitió convertirse en partido político, con bastante aceptación entre los electores.
Ahora bien, en el panorama nacional, es importante recordarle a nuestro querido senador y a sus colegas parlamentarios y seguidores, cómo se dio el proceso de paz y desmovilización del grupo armado ilegal M-19.
La guerrilla de este grupo nació como respuesta al supuesto fraude cometido durante las elecciones de 1970, en la que resultó ganador Misael Pastrana, desde entonces, fueron varias las acciones armadas cometidas por este grupo insurgente, muchas de las cuales aún son recordadas con dolor, como la toma del Palacio de Justicia hace 32 años. Sin embargo, esto no evitó que los gobiernos de entonces, buscaran las alternativas para pactar la desmovilización total del grupo armado, hasta que se logró su total desarme el 9 de marzo de 1990.
El proceso de paz de este grupo armado vino acompañado no solo del levantamiento de las órdenes de captura, los indultos y amnistías, sino que además, se cumplió con una de sus principales peticiones, que fue la Asamblea Nacional Constituyente, garantizando así su participación en política.
Contrario a lo planteado por el Senador Bustamante, y como ocurrió con él mismo, la condición para participar en política de los miembros de las ex guerrillas, no necesariamente implica la cárcel, el sometimiento a tribunales de justicia (como si se va a hacer en este caso, de aprobarse la JEP) o la reparación a las víctimas, la cual además, debe hacerse en conjunto con la sociedad y el estado. La condición es única; no volver a delinquir.
En cualquier caso no es lógico, ni aceptable que un grupo armado se desmovilice después de 50 años de lucha para que se le impida su participación en política. Ahora que su ejercicio político no impida que se presenten a los tribunales de la JEP (cuando el congreso se decida a avanzar y aprobarla) y respondan por los actos cometidos en su actividad ilegal, incluyendo por supuesto, actos de reparación a sus víctimas y que ademas, participen de manera activa en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.
Los colombianos debemos entender que la paz implica transformar lógicas y realidades, cambiar las armas de la guerra por las de la democracia, sin que esto signifique que nos dejen de importar y doler nuestros muertos y las víctimas de esta barbarie, por el contrario; es para que no hayan más víctimas ni muertes por cuenta de la guerra.
