Muchas personas se han preguntado cuáles serían las posibles consecuencias para el Gobierno Nacional y las demás autoridades involucradas en el manejo de las manifestaciones sociales si no acatan las órdenes emitidas en el fallo proferido el pasado 22 de septiembre por la Corte Suprema de Justicia para garantizar el derecho a la protesta pacífica.
Entre las medidas solicitadas por la Sala de Casación Civil está la suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por el Esmad, la no estigmatización de quienes protestan y la conformación de una mesa de trabajo para reestructurar las directrices del uso de la fuerza en un término de 30 días.
Además, se le ordenó al Ministerio de Defensa ofrecer disculpas públicas por los excesos de la Policía y el Esmad cometidos desde las movilizaciones desarrolladas a partir del 21 de noviembre de 2019. El alto tribunal le dio un plazo de 48 horas, el cual se cumplirá en las horas de la tarde de este jueves 24 de septiembre.
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Hasta el momento el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo no ha ofrecido disculpas y, por el contrario, le pidió a la Corte Constitucional revisar el fallo proferido por la Sala de Casación Civil, con el argumento de que la Corte Suprema se extralimitó en sus funciones al emitir estas órdenes. Asimismo, aseguró que la fuerza pública actúa bajo los estándares internacionales de derechos humanos y que los abusos contra los protestantes se tratan de “casos aislados”.
El abogado David Cruz, miembro de la Comisión Colombiana De Juristas y uno de los autores de la tutela que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia para proteger la protesta pacífica, le dijo a KienyKe.com que el Gobierno Nacional y las demás autoridades demandadas no pueden evadir el fallo del alto tribunal mientras la Corte Constitucional lo estudia porque este es de obligatorio cumplimiento.
Señaló que, si no cumplen el fallo sobre las protestas, podrían incurrir en un desacato a la justicia que tiene como consecuencia sanciones que van desde el arresto hasta multas mayores a los 20 salarios mínimos.
Dijo que, por ejemplo, si el ministro de Defensa decide no disculparse con la ciudadanía, uno de los accionantes puede advertirlo ante el Tribunal Superior de Bogotá -quien fue el que revisó la tutela en primera instancia- y el juez, después de analizar las razones por las que no se cumplieron las órdenes, podría enviar un expediente para iniciar una eventual investigación disciplinaria.
“Hay diferentes términos para las 14 órdenes. Unas de ellas tienen un plazo más amplio por la complejidad para realizarlas y otras tienen un plazo más corto, como la de pedir disculpas. Otras son inmediatas: como la suspensión del uso de la escopeta calibre 12 con la cual su mal uso derivó en el asesinato de Dilan Cruz. Desde este momento queda prohibido el uso de esa indumentaria para manejar la protesta social y el Gobierno tiene sí o sí que cumplir”, mencionó.
Procuraduría fija la misma posición
El procurador Fernando Carrillo manifestó su respaldo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia para proteger el derecho fundamental a la protesta social y mencionó que incumplir las órdenes de la Corte Suprema de Justicia es incurrir en desacato.
Según resaltó, las decisiones de la justicia deben acatarse y cumplirse así no se compartan, pues “ese principio es la base de un Estado de derecho democrático y más cuando se trata de entidades públicas y de servidores públicos”.
“Las autoridades pueden solicitar a la Corte Constitucional la selección de una tutela para que el alto tribunal revise las disposiciones impartidas, pero ello no las exonera del cumplimiento de la decisión que busca proteger derechos fundamentales. Incumplir las órdenes de la Corte Suprema de Justicia es incurrir en desacato”, insistió.
Carrillo señaló que la Procuraduría General cumplirá lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia y exhortó a las demás autoridades a acatar la orden impartida en el fallo de tutela.
Por esa razón, convocó a mesas de trabajo para expedir, en 30 días, junto con la Policía Nacional y la Fiscalía General, un protocolo “que permita a los ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos realizar verificaciones en caso de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de cualquier clase de protesta”.
Por último, aseguró que espera acompañar las mesas de trabajo que debe convocar el Gobierno Nacional para reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas.
