A poco tiempo de haber sido sancionada la Ley de 2111 de julio de 2021, que modificó el Código Penal contemplando un marco mucho más amplio de delitos ambientales y creó algunas instituciones especializadas para combatirlos, fue estrenado por primera vez el delito de deforestación contra un hombre acusado de haber arrasado con 83 hectáreas de bosque en la Amazonía colombiana.
De acuerdo con la Fiscalía, Marco Aurelio Quiroga es el primer imputado con este tipo penal, señalado de ampliar la frontera agrícola en predios del Parque Nacional Natural (PNN) los Picachos. Al parecer, ocho de las 83 hectáreas habrían sido afectadas en lo corrido de 2022, por lo que la nueva norma aplica para su sanción.
“Quiroga Tovar acabó con la vegetación en esa área para ampliar la franja agrícola y preparar el terreno para la cría de ganado. El más reciente registro de vacunación indica que para finales de 2021 tenía en la zona 178 reses en pie”, señaló Deicy Jaramillo, directora especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
De acuerdo con la funcionaria, al hombre además se le imputaron los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica e incendio.
El cartel de los deforestadores
Marco Aurelio Quiroga Tovar, por quien ya existía una orden de captura, figura en el cartel de los más buscados por el delito de deforestación en Colombia, publicado en días pasados por el Ministerio de Defensa y Ambiente. Precisamente por esto, asegura la Fiscalía, se habría presentado de forma simultánea con otras cuatro personas del cartel para atender su responsabilidad judicial.
Las otras cuatro personas que se entregaron fueron: Audelo Granado (presunto destructor de 61 hectáreas en el PNN Tinigua), Lisandro Suárez (235 hectáreas en el PNN Tinigua), Duivier Rodríguez (59 hectáreas en Los Picachos) y William Parada (52 hectáreas en el PNN Tinigua).
En total, junto a Tovar, los imputados serían los responsables de deforestar 490 hectáreas de la Amazonía colombiana. Por estos hechos, los procesados además tendrán prohibido el ingreso a estas áreas protegidas, así como les serán cancelados sus registros sanitarios pecuarios y tienen orden para retirar el ganado en tres meses.
