Una investigación liderada por la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que los abogados Heliodoro Alfredo Agámez Pineda y su hijo Alfredo José Agámez Vanegas participaron en el reconocimiento ilegal de 198 ajustes pensionales, que generaron un detrimento patrimonial de 20.991 millones de pesos al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio del Ministerio de Educación Nacional y a la Fiduciaria La Previsora.
Del entramado criminal hicieron parte docentes que prestaron sus servicios en la Secretaría de Educación de Córdoba, abogados, jueces y funcionarios. Entre 2010 y 2011, los sentenciados acudieron a un juez de Planeta Rica (Córdoba) para que fallara a favor de sus representados y ordenara el pago de 64.925 millones de pesos en pensiones. Para garantizar el desembolso de los recursos, las decisiones judiciales dispusieron el embargo de las cuentas corrientes de la Fiduprevisora y el Ministerio de Educación Nacional, una actuación contraria a la ley.
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El material de prueba demostró que los dos abogados respaldaron las peticiones de los profesores en retiro con poderes, firmas, resoluciones, certificaciones laborales y más 6.500 documentos falsos.
En ese sentido, Heliodoro Alfredo Agámez Pineda y su hijo fueron condenados a 21 años y 8 meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación agravado y tentativa de peculado por apropiación agravado. Además, deberán pagar una multa de 20.991 millones de pesos y cumplir la pena en centro carcelario.
Vale la pena recordar que por el denominado Carrusel de pensiones’ han sido capturadas más de 60 personas por estos mismos hechos. Hasta la fecha, todos los detenidos han quedado en libertad por disposición de los jueces, aunque continúan vinculados al proceso. A estas personas, la Fiscalía les imputó los delitos de estafa agravada, falsedad en documento público y fraude procesal.
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Al parecer, estas personas harían parte de un grupo de personas que habría incurrido en irregularidades para obtener sus pensiones. La Fiscalía ha reunido material probatorio que evidencia que con avales de médicos, abogados, psiquiatras, y juzgados laborales y civiles presentaban documentación falsa para ser pensionados por problemas médicos.
Según las investigaciones adelantadas, pacientes que no alcanzaba un puntaje para pensionarse por problemas de salud contactaba a los implicados en el carrusel y negociaba una calificación del 50% y más de la pérdida de capacidad laboral. En otros casos el psiquiatra era el contactado para expedir un dictamen declarando a la persona mentalmente inválida. Esto contando además con el aval de un fondo de pensiones.
Cuando el dictamen era apelado por las empresas, los que entraban a jugar un papel importante eran los juzgados laborales que, a través de tutelas, ordenaban a los fondos pensionales y a las aseguradoras pensionar y pagar las respectivas pólizas. Sumado a esto, las personas solicitaban créditos financieros al máximo de su capacidad de endeudamiento, por lo que cuando tenían el dictamen médico declarando su incapacidad laboral, lo llevaban a las entidades para que sus deudas fueran condonadas.
